Comunicado de prensa - mayo 30, 2009
Activistas de Greenpeace han pedido libertad para Junichi Sato y Toru Suzuki desde el Rainbow Warrior que se encuentra en España celebrando el 25 aniversario de Greenpeace en España.
En el 25 aniversario de Greenpeace en España, el Rainbow Warrior, como “embajador del clima”, ha llegado a A Coruña en su recorrido por diferentes puertos de la península Ibérica. Un grupo de voluntarios de Greenpeace piden justicia para nuestros compañeros de Japón y para las ballenas.
El pasado 15 de mayo Greenpeace envió al Ministro de Justicia
una carta demandándole que en la reunión que está teniendo lugar en
Roma, recuerde a los ministros de justicia, entre ellos al Gobierno
de Japón, sus obligaciones para el cumplimiento del Convenio
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En mayo de 2008, Junichi Sato y Toru Suzuki, activistas de
Greenpeace, hicieron públicas las evidencias de la corrupción a
gran escala dentro de la industria ballenera de Japón. Estas
evidencias incluían testigos oculares, documentación sobre cómo
llegaba carne de ballena ilegalmente al mercado japones y
obtuvieron la evidencia de una caja que contenía carne de ballena
ilegal - procedente de una de las docenas de cajas sacadas
irregularmente de los buques de la flota ballenera a su vuelta a
Japón desde el Santuario Ballenero del océano Antártico.
Estos dos activistas de Greenpeace llevaron a cabo esta
investigación con la intención de denunciar las evidencias de la
mala utilización de los impuestos públicos de los ciudadanos
japoneses invertidos en financiar el programa de caza de ballenas
"científico" que lleva a cabo el Gobierno japonés utilizando un
agujero legal de la normativa de la Comisión Ballenera
Internacional.
La Fiscalía comenzó una investigación pero, un mes más tarde,
Sato y Suzuki fueron arrestados. A pesar de no ser acusados de
ningún delito, los dos activistas fueron retenidos por la policía
26 días, interrogados hasta ocho horas al día sin la presencia de
un abogado y atados de pies y manos a una silla. En la actualidad,
se encuentran en libertad bajo fianza esperando a ser juzgados por
robo e invasión de la propiedad privada - cargos por los cuales
podrían ser condenados a permanecer diez años en prisión.
La investigación realizada por Greenpeace perseguía el objetivo
de recoger y hacer pública una información de interés público. Como
tal, los activistas deberían de estar protegidos bajo el artículo
19 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
asegura los derechos y la libertad de expresión de las
personas.
Greenpeace cree que la acusación que pesa sobre Junichi Sato y
Toru Suzuki está motivada por intereses políticos y destinada a
silenciar aquellas voces que se atrevan a mostrarse en desacuerdo
con la caza de ballenas impulsada por el Gobierno de Japón.