El pasado jueves se escenificó en Gipuzkoa algo parecido al asalto de un buque, en este caso el de las arcas públicas y el interés general. El Consejo de Administración saliente del Consorcio de Residuos (GHK) del proyecto de la planta de Zubieta aprobaba, de forma precipitada y sin informar, el proyecto básico de la incineradora. Todo ello, a pesar de que este mismo jueves 20 (una semana más tarde) tomará posesión el nuevo Consejo, que ha mostrado su rechazo frontal a la construcción de esta instalación.
Greenpeace junto a otros colectivos gipuzkoanos contra la incineradora se manifestaron el día de la firma del proyecto básico en la sede del Consorcio. De nada sirvió, pues su presidente en funciones, Carlos Ormazabal (PNV) ratificó la decisión. A pesar incluso que la Diputación de Gipuzkoa le había pedido explícitamente que no se firmara tal acuerdo.
Los argumentos para firmar han sido que el plazo para la aprobación del mismo se acababa y que de no hacerlo habría que pagar cifras “multimillonarias" de indemnización a las empresas. Evidentemente escusas para justificar lo injustificable y crear alarmar entre la ciudadanía. Sin embargo, se les ha olvidado contar, lo que supone para Gipuzkoa la incineradora. Una lacra económica y socio ambiental que perduraría décadas, como ya sucede en las diez incineradoras en funcionamiento en el Estado.
Es evidente que los consejeros salientes (cinco del PNV, cuatro del PSE y dos de H1!) han abusado de su posición y asaltado la voluntad de la mayoría de la ciudadanía que no quiere que se construya la incineradora de Zubieta. De nuevo han primado los intereses particulares de unos pocos y dilapidado el dinero público para el lucro personal de unos pocos. Si esto no es propio de corsarios, que venga el capitán Francis Drake y lo vea.
Julio Barea (@JulioBarea) responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace
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