Ayer comenzó un encierro de los bomberos forestales, las conocidas Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF). Este conflicto es solo un elemento más de los muchos que se vienen sucediendo en los últimos años, en los que estamos asistiendo a la precarización progresiva del operativo contra incendios, ademas de los consabidos recortes en los derechos laborales.



Desde Greenpeace siempre hemos querido ser cautos con este tema. Los incendios forestales, lo decimos constantemente, no son un asunto dado a explicaciones simples y soluciones fáciles. Su complejidad y carácter poliédrico requiere explicar tanto el abandono de los usos forestales, como consecuencia de los cambios producidos en el medio rural, hasta la función natural del fuego en los ecosistemas mediterráneos, pasando por el problema de la permanencia del uso del fuego en el medio rural, el riesgo añadido del cambio climático o el incremento de la interfaz urbano-forestal, sin ánimo de ser exhaustivo. No podemos limitar la descripción del problema, o las soluciones, a un único aspecto.

Con el asunto de los recortes nos ha pasado igual. La crisis económica no tiene la culpa de los incendios forestales. Son los causantes del fuego los únicos responsables. Ni se puede achacar el problema estructural del monte español al déficit de gestión forestal preventiva de los últimos 4 años. Llevamos décadas de retraso.

En 2011, en nuestro informe “No podemos bajar la guardia” advertíamos del hecho de que una serie de años con buenos datos incendios forestales estaba llevando a la sociedad española y, con ella, la clase política, a pensar que los incendios forestales ya no eran un problema. Y los avances en la lucha contra el fuego, los cambios de percepción social respecto a este problema y los recortes presupuestarios podrían empezar a pasar factura al sector forestal y a la lucha contra incendios.

Aún así, y justo el año anterior al fatídico verano de 2012, el éxito aparente y temporal en materia de incendios forestal tenían una excepción: los incendios de alta intensidad, los producidos en condiciones meteorológicas extremas, ingobernables por naturaleza y que cada vez más suponían un porcentaje mayor de la superficie que se quema anualmente. Las estadísticas así lo señalaban.  

En 2012, sólo los 39 grandes incendios forestales (los que superan las 500 Ha de superficie afectada) calcinaron más de 135.000 Ha, el 64% de la superficie total afectada ese año. El peor año desde 1994.  

Con estos antecedentes, los recortes y su impacto en el operativo de extinción de incendios mantuvo caliente el verano de 2013, cuando sindicatos, asociaciones del sector, colegios profesionales y organizaciones ecologistas mostraron públicamente su preocupación por la reducción de personal e inversión en tareas de prevención y extinción de incendios. Si en 2012 se cifró la reducción en un 30% de media con respecto a 2011, las partidas destinadas a la lucha contra incendios, lejos de recuperarse, continuaron disminuyendo en 2013. Algo que señalamos en nuestra recapitulación de lo acontecido durante la temporada de incendios de 2013.

Este año, al argumentario esgrimido hasta ahora podemos añadir un párrafo contenido en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio de 2012. Dentro de este informe, la sección coordinada por el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo apunta a una “situación de grandes carencias” al referirse a los medios personales y materiales en las Secciones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo. En lo relativo a la prevención de incendios, algunas fiscalías destacan la “limitación de las medidas preventivas en materia de incendios que suponen las restricciones presupuestarias a nivel Administración, lo que ha derivado en la disminución de investigaciones y de medios de combate y extinción del fuego. Aún así, se consiguió condenar a 115 responsables por delito de incendio forestal”.

Menos prevención, menos capacidad de extinción y menos medios para investigar las causas resultan una muy mala ecuación para los bosques.

La reducción de presupuestos destinados a prevención y extinción se están traduciendo en reducciones de plantilla, contrataciones a dedo, ausencia de material adecuado o falta de mantenimiento de los equipos, reducción de la actividad investigadora en incendios forestales, casos de mala coordinación, etc.

Decir que “estamos jugando con fuego” es un tópico, un lugar común. Pero el refranero español nos ha dejado una frase muy ilustrativa de lo que está pasando.

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