¿Cuánto ha costado la escolta de la Armada al barco de Repsol en su campaña de prospecciones en Canarias? Esta pregunta ha sido planteada en reiteradas ocasiones a Pedro Morenés, ministro de Defensa, en sede parlamentaria. La última respuesta del ministro es que: “en ningún caso ha supuesto un sobrecoste para el erario público” y lo justifica diciendo que los costes están incluidos en el presupuesto de operaciones habituales.
Defensa abre así un precedente sin igual. Cualquier empresa de este país podría contar con la escolta del ejercito. Esto significa que dueños de kioscos de prensa, panaderías, supermercados y un largo etcétera podrían tener “gratis” protección del ministerio de Defensa, como la ha tenido Repsol. O al menos eso es lo que se extrae de las declaraciones de Morenés.
Como es evidente que esto no puede ser así, parece que el ministro no nos está diciendo la verdad y está intentando ocultar información. La del coste real de una escandalosa operación de protección a los intereses económicos y particulares de Repsol. Se da la circunstancia que durante ese periodo de escolta oficial, una activista pacifica de Greenpeace fue brutalmente agredida por la Armada, acción que según las declaraciones del ministro de Defensa fue “proporcionada".
Otra vez la falta de transparencia del Gobierno central que tendrá muy complicado justificar por qué antepone el interés económico de ciertas empresas a la voluntad popular. Y más ahora, tras el conocido desenlace de la historia entre multinacional y Gobierno. Repsol ha escapado de Canarias dejando en muy mala situación política y jurídica a quienes les han dado, incluso contraviniendo leyes, su apoyo incondicional.