¿Cómo es la nueva Ley de residuos que nos regirá en los próximos lustros?

El pleno del Congreso de los diputados aprobaba ayer, a las 15.00h, la Ley de residuos y suelos contaminados. Pocas veces la tramitación de una ley, de este tipo, ha tenido tanta contestación y ha generado tanto conflicto. Decenas de alegaciones de diferentes colectivos y asociaciones, incluidas Greenpeace, se convertían en enmiendas al texto legislativo. Los grupos parlamentarios llevaron a la Comisión de Medio Ambiente los cambios propuestos que luego pasaron por el Senado, volviendo al Congreso donde finalmente fue aprobada.

Sin embargo, en Greenpeace y el resto de colectivos ecologistas, que han trabajado durante meses en la revisión de múltiples borradores, nos queda una sensación agridulce. La Ley aprobada tiene algunas mejoras pero son escasos los avances ambientales y económicos de la misma. De nuevo una oportunidad perdida para avanzar en políticas de residuo cero y la sostenibilidad en un tema tan urgente como es la creciente generación de residuos.

El nuevo texto de la Ley de residuos es fruto de la transposición de la Directiva Marco de Residuos europea a la legislación española que ya estaba bastante edulcorada por la industria. Sin embargo, durante el trámite parlamentario, se han incorporado a la Ley elementos interesantes como un objetivo de reducción en la generación de residuos del 10% para 2020, y mantenido la consideración de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) como sistema de gestión de envases, la posibilidad de aplicar un canon a la incineración y al vertido o la certificación forestal de envases y etiquetas.

Sin embargo, han quedado fuera del texto mejoras imprescindibles, demandadas insistentemente por los grupos ecologistas, como la recogida selectiva de la materia orgánica, la prohibición de la distribución gratuita de las bolsas de plástico de un solo uso o la exclusión de la incineración, como opción de gestión.

La nueva ley ha perdido la oportunidad de responder a las necesidades que tiene España en materia de residuos: el ahorro de recursos naturales mediante el aprovechamiento de los materiales contenidos en la basura, la prevención de la contaminación que provocan tanto la incineración como los vertederos y la creación de empleos verdes en un contexto de crisis económica como la que vivimos actualmente.

Al margen de la nueva Ley de Residuos, el Gobierno español tiene todavía la responsabilidad de cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea. En particular en cuanto a los niveles de reciclaje de envases, que siguen estando por debajo de lo que exige Bruselas y que han motivado la pasada semana el envío de una queja a la Comisión europea por parte de los principales colectivos ecologistas del Estado.

Julio Barea (@JulioBarea), responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace