El uso de la energía eólica es fundamental para combatir el cambio climático y acabar con el uso de la energía nuclear
Esta situación ha desviado la atención de otras crisis
igualmente relevantes para la estabilidad mundial y que afectan
directamente a las vidas de cientos de millones de personas: las
crisis alimentaria, climática y de derechos humanos. La premura
mostrada por los países ricos para atajar el derrumbe financiero
contrasta enormemente con su lentitud y sus promesas incumplidas en
materia de ayuda al desarrollo, lucha contra la pobreza, derechos
humanos y cambio climático, las prioridades centrales para
construir un mundo más justo.
Todavía es pronto para prever con exactitud las dificultades que
sufrirán los países más pobres como resultado de la crisis
financiera y el consiguiente empeoramiento de la situación
económica. Pero es evidente que la reducción de las exportaciones a
los países desarrollados, la reducción de las remesas, el descenso
de la inversión extranjera y la escasez de liquidez internacional,
que afectará especialmente a los países con menos acceso al crédito
encareciendo la financiación de su desarrollo, derivarán en menos
crecimiento y riqueza para repartir y por tanto menos educación y
salud para cientos de millones de personas.
Para quienes viven en los países más pobres del mundo esta
situación es literalmente una cuestión de vida o muerte. El aumento
de precios de los alimentos, y las cada vez más frecuentes sequías,
inundaciones y demás catástrofes meteorológicas derivadas del
cambio climático, unidas al desmantelamiento de las redes de
protección social promovidas por las instituciones financieras
internacionales, están agravando las situaciones de pobreza y
hambre. A finales de septiembre, cuando empezaron a salir a la luz
pública las quiebras de Wall Street, en una cumbre de la ONU se
supo que muy pocos gobiernos cumplirán los compromisos financieros
necesarios para alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza de aquí a 2015.
En lo que se refiere a los derechos humanos, las previsiones no
son buenas. No sólo los derechos económicos y sociales -incluido el
derecho a la vivienda, la salud y la educación- son objeto de una
presión cada vez mayor, sino que existe el peligro de que se
perpetren más violaciones de derechos humanos. Si se produce una
recesión económica prolongada y los países se aprietan el cinturón,
las personas migrantes y refugiadas, y las personas que se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en todos los
Estados se verán sumidas en situaciones insostenibles. Podrían
aumentar las tensiones sociales, y el consiguiente nerviosismo de
los gobiernos podría conducirlos a reprimir la disidencia y a
imponer políticas de seguridad pública muy estrictas que
restringirían las libertades civiles. La crisis actual podría
debilitar aún más a Estados ya frágiles y sumirlos de nuevo en la
inestabilidad y la violencia.
En cuanto al cambio climático, también los compromisos comienzan
a debilitarse. El liderazgo de la Unión Europea se tambalea, y los
acuerdos para una reducción ambiciosa de emisiones podrían
peligrar, condenando al mundo a un cambio climático irreversible y
de consecuencias catastróficas que afectaría especialmente a las
poblaciones más pobres y vulnerables.
Peores cosas podrían suceder aún si los países ricos decidieran
utilizar la crisis financiera como un pretexto para disminuir las
ayudas y los intercambios comerciales. La historia no da pie para
el optimismo. Durante la recesión registrada en 1972 y 1973, el
gasto mundial destinado a ayudas disminuyó un 15 por ciento, hasta
alcanzar sólo 28.800 millones de dólares. Entre 1990 y 1993, el
gasto de los países donantes se redujo en un 25 por ciento durante
cinco años, hasta llegar sólo a 46.000 millones de dólares, y hasta
2003 no se volvió a alcanzar el nivel de 1992. La ayuda humanitaria
-lo que nos gastamos para ayudar a las víctimas de conflictos y
desastres naturales- disminuyó también de forma muy sensible
durante un periodo similar como consecuencia directa de la recesión
registrada entre 1990 y 1993 (esta tendencia sólo se frenó durante
los conflictos de Ruanda y Kosovo). En cuanto a los intercambios
comerciales, por ejemplo, los países reaccionaron al desplome de
Wall Street de 1929 y a la depresión económica mundial levantando
barreras aduaneras, y el comercio mundial se redujo casi en un 70
por ciento.
Si en 2009 se repitiera este patrón, estaríamos ante un desastre
de magnitudes extraordinarias para las personas de los países
pobres, que pagarían un coste elevadísimo por el descontrol de la
burbuja crediticia en Norteamérica y Europa,. A ello se une el
impacto que ya está teniendo la reducción en los flujos de remesas,
que para algunos países, como Bolivia o Bangladesh, constituyen
hasta el 10% del PIB.
España no es una excepción a esta deriva global. Mientras la
crisis económica y financiera ocupa la agenda del gobierno de
manera prioritaria y casi única, se desdibujan a la misma velocidad
los compromisos del gobierno en materia de medio ambiente y
derechos humanos y se anuncia el congelamiento en el incremento de
la ayuda al desarrollo para 2009.
Los derechos humanos no son un lujo propio de épocas de
prosperidad. En tiempos de recesión económica, las obligaciones de
derechos humanos de los Estados ni se extinguen, ni se atenúan. Los
derechos humanos deben ser una prioridad si la recuperación
económica se pretende que sea sólida y sostenible. Por otro lado,
la inacción ante el cambio climático no es una opción viable. Y en
cuanto a la pobreza, hay que asumir que la pobreza global es la
negación de todos los derechos, y además una amenaza a la
estabilidad mundial. Los países ricos deben dejar de mirarse el
ombligo y asumir su responsabilidad sobre el desarrollo global, ya
que son los responsables de la actual crisis y por tanto de sus
consecuencias para los más pobres.
No es sólo una cuestión de dinero, sino de atención sostenida,
colaboración internacional y decidida voluntad política de abordar
los grandes problemas. En el marco del 60º aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los gobiernos deben
garantizar a través de una regulación sensata, la adecuada
protección de los derechos de las personas que pertenecen a los
grupos más vulnerables para prevenir un incremento de la pobreza y
una sostenibilidad medioambiental a largo plazo y y. Deben dar
muestras de una capacidad de liderazgo sin precedentes para
construir una economía global que sea respetuosa con el medio
ambiente y en la que la mejora de la vida y de los medios de
subsistencia de todas las personas prime sobre un sistema que
beneficia sólo a unos pocos privilegiados.
Seis propuestas concretas para el gobierno español
Por todo ello, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón
Oxfam, desde nuestros respectivos ámbitos de trabajo a favor de los
derechos humanos, en defensa del medio ambiente y en la lucha
contra la pobreza, instamos al Gobierno español a:
Adoptar un Plan estatal contra el racismo que ataje el posible
incremento de la discriminación, el racismo y la xenofobia en el
contexto de la recesión económica. La administración central debe
aprovechar la revisión de la Ley de Extranjería para garantizar el
respeto de los derechos humanos de las personas extranjeras,
independientemente de su situación administrativa y especialmente
de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.
Igualmente, la revisión de la Ley de Asilo debe garantizar el
acceso a la protección internacional para las personas que la
necesiten.
La lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad
para el Gobierno español también en tiempos de crisis. Se debe
convocar con urgencia la Conferencia de Presidentes de las
Comunidades Autónomas sobre la violencia de género, que ha sido
pospuesta sin fecha.
Asumir el compromiso en el marco de la Unión Europea de una
reducción efectiva de las emisiones de CO2, hasta alcanzar una
reducción del 30% en el año 2020 (respecto a 1990).
Introducir los cambios necesarios en la política energética para
la sustitución progresiva y completa de las energías fósiles y
nuclear, por energías renovables.
Cumplir el compromiso europeo de destinar el 0,56% del PNB a la
AOD en 2010, y el de alcanzar el 0´7% del PNB en 2012.
Promover y apoyar la reforma profunda del FMI y el Banco
Mundial. En el futuro, estas instituciones deberían abandonar la
imposición de las políticas neoliberales a los países en
desarrollo, políticas que han contribuido a generar la actual
situación de crisis.