Ante el comienzo de la XXIX cumbre ibérica entre los Gobiernos de España y de Portugal, Greenpeace pide al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un gesto con su homólogo António Costa y que se comprometa a cerrar la instalación atómica extremeña (la más cercana a Portugal) y cuya seguridad tanto preocupa a la población del país vecino.
Tanto el Parlamento portugués como su Gobierno, preocupados por la seguridad, reclamaron su participación en la decisión del Gobierno de España sobre el permiso para que la central de Almaraz construya un almacén de residuos nucleares, aunque tras la interposición de una queja ante la Comisión Europea, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo. España remitió una serie de informes con numerosas lagunas sobre la seguridad del almacén, pero sin embargo el Gobierno portugés se dio por satisfecho.
Sin embargo, una serie de documentos confidenciales del Gobierno portugués, que Greenpeace ha podido ver, demuestran que el Ejecutivo de Costa es consciente de que la información remitida por España no evalúa los riesgos de un posible accidente y dejan claro que el objetivo del almacén es ampliar la licencia de explotación de la central.
“El Gobierno portugués no debería aceptar que no hay riesgos para la seguridad sin analizar la posibilidad de un accidente grave, ni admitir este almacén nuclear sabiendo que sirve para ampliar la licencia de Almaraz”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
Cabe destacar que, además, la central nuclear de Almaraz tiene de plazo hasta la semana que viene para solicitar o no la ampliación de su licencia, pero el Gobierno se ha prestado a modificar la normativa para que las empresas propietarias puedan posponer este trámite, lo que incumpliría los plazos mínimos establecidos para ello por el Consejo de Seguridad Nuclear.
“El presidente Rajoy no puede ignorar el derecho de la sociedad española y de la portuguesa ante la decisión de ampliar la vida de las nucleares, en lugar de obedecer a las empresas eléctricas, porque las consecuencias de un posible accidente los pagarían las personas” Ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
La central de Almaraz se encuentra a escasos 100 km de la frontera y esta planta es vista como un peligro para la seguridad y el medio ambiente de la ciudadanía portuguesa. El nuevo almacén de residuos permitiría a Almaraz prolongar su actividad después de cumplir los 40 años de vida operativa en 2020, cuando caduque su actual licencia de explotación.
Greenpeace recuerda que el derecho internacional permite que el Estado portugués sea escuchado en este tema, ya que el Convenio de Espoo permite a otro Estado exigir una evaluación del impacto medioambiental de proyecto transfronterizo y la participación pública. En concreto, existen ya precedentes de casos similares respecto a plantas nucleares en otros países.
La organización ecologista pide a ambos mandatarios que aprovechen en este encuentro para avanzar conjuntamente hacia un modelo energético peninsular 100% renovable, que beneficiaría tanto a la sociedad portuguesa como la española y repercutiría en la creación de empleo en ambos lados de la frontera.