Comunicado de prensa - abril 5, 2017
• El gasto estatal en lucha contra el cambio climático y la contaminación del Ministerio de Medio Ambiente retrocede un 45%, a niveles de 2007
• Con este presupuesto la anunciada Ley de Cambio Climático nacería sin capacidad ejecutiva
• Se anteponen las indemnizaciones a las eléctricas a la reducción del déficit de tarifa que se carga a los consumidores
Greenpeace valora muy negativamente el tratamiento de los presupuestos generales del Estado a la lucha contra el cambio climático, que demuestra el desinterés del Gobierno por esta importante cuestión.
El gasto anunciado ayer para prevención de la contaminación y el cambio climático ha sufrido un “hachazo”, con una partida en 2017 de 27,64 millones de euros, lo que representa un descenso del 45,6% respecto a los 50,85 millones de 2016. Para la Oficina Española de Cambio Climático este año se han presupuestado 26,94 millones de euros en gastos, lo que supone un 45,8% menos respecto de los 49,67 millones de 2016.
Para Greenpeace, esto supone una pérdida de prioridad que demuestra el desinterés del Gobierno en el mayor problema que afronta la humanidad, cuyas consecuencias perjudicarán gravemente la vida de la población española. Además, manda una señal política muy negativa de falta de compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París, justo cuando más se necesita mostrar fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump.
La organización ecologista exige coherencia para dotar suficientemente las medidas que deberá incorporar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como el Plan Integrado de Energía y Clima que cada país europeo tiene que presentar antes de fin de año.
“Con esta partida presupuestaria es muy difícil hacer frente al cambio climático y cumplir nuestro compromiso del Acuerdo de París y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables, ” ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace. "Con esta partida, la ley de cambio climático puede ser una mero guiño publicitario sin capacidad de reacción".
Otro de los puntos que preocupan a Greenpeace es la disposición adicional que habilita al Ministerio de Energía a destinar el superávit de la tarifa eléctrica a pagar indemnizaciones a las eléctricas, una excepción que contradice la ley en vigor, de este mismo Gobierno, por la que el sobrante de la tarifa eléctrica, cuando se produzca, debe destinarse en primer lugar a enjugar el déficit acumulado que pagan los consumidores. “Vemos un ejemplo más de la política que favorece a las eléctricas y como venimos denunciando, aquí el que contamina cobra”, ha concluido Nuño.