A primera hora de la mañana, catorce activistas han escalado el Centro de Conferencias de Europa en Luxemburgo y han desplegado una pancarta con el mensaje (en inglés) “No comerciéis con nuestra democracia. #StopCETA”. Esta protesta de Greenpeace, junto con las de otras organizaciones de la sociedad civil europea, se realiza durante la reunión de los ministros europeos de Asuntos Exteriores y Comercio que tiene como principal objetivo tomar una decisión sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá, conocido por sus siglas CETA.
“Si los ministros firman hoy el acuerdo comercial entre la UE y Canadá lo hacen contra la opinión de una parte importante de la opinión pública europea. Las relaciones comerciales entre la UE y otros países deben establecerse en el marco de los principios democráticos básicos y deben estar alineados con otros compromisos en materia de lucha contra el cambio climático, la mejora de los derechos de los trabajadores o el carácter público de los servicios fundamentales. Pero el CETA antepone los intereses de las multinacionales por encima de las personas y el planeta”, ha declarado Shira Stanton, experta en política comercial de la UE de Greenpeace.
El proceso de aprobación del CETA ha ido paralelo en los últimos meses a la oposición de una parte importante de los movimientos sociales, sindicales y de consumidores de la Unión Europea [1], así como de partidos políticos, asociaciones de jueces, o el rechazo de algunos parlamentos nacionales y regionales. Como en el caso del TTIP, el proceso de negociación de este tratado se ha realizado en secreto y fuertemente influenciado por los lobbies que representan a las grandes corporaciones. La Comisión Europea no ha realizado suficientes consultas a las organizaciones de la sociedad civil o los parlamentarios nacionales. Los negociadores han tratado a última hora de tranquilizar a los críticos con el CETA redactando una declaración conjunta que acompaña la firma del tratado, declaración que no ha resuelto las principales objeciones de parlamentos, tribunales constitucionales u organizaciones sociales de la Unión Europea.
Una de las principales preocupaciones en torno al CETA son lostribunales de arbitraje para dirimir los conflictos entre las empresas y las administraciones públicas. Este sistema judicial paralelo, conocido como Sistema Judicial de Inversiones o ICS, otorga privilegios a los inversores extranjeros: cualquier multinacional o filial de una multinacional con sede en Canadá podrá utilizar estos tribunales de arbitraje para desafiar a las leyes y normas de la UE. El ICS y otras disposiciones del CETA socavan el derecho de los gobiernos a adoptar y hacer cumplir las leyes que son de interés público, para proteger el medio ambiente o la salud pública, por ejemplo.
El acuerdo UE-Canadá contiene una versión descafeinada del “principio de precaución”, un criterio recogido en el Tratado de Lisboa cuyo debilitamiento provocaría el deterioro de las normas medioambientales europeas.
Además, el CETA no solo permitirá la privatización de servicios públicos básicos como el abastecimiento de agua, sino que incluye cláusulas que intentan evitar la reversión de esta privatización. La declaración conjunta que acompaña este acuerdo comercial no ha desmentido que el CETA expone a las autoridades locales a las demandas de indemnización de los inversores canadienses en el caso de que las autoridades públicas decidan remunicipalizar los servicios públicos anteriormente privatizados.
“Un buen acuerdo de comercio buscaría apoyar las prioridades de la agenda internacional y las políticas públicas a favor de la gente y el planeta, como son el acuerdo sobre el clima de París y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Un buen acuerdo comercial debe someterse a un control democrático básico. Cualquier acuerdo que socava las normas ambientales, de salud y laborales, y que da privilegios y más poder a las corporaciones alimentará la desigualdad y debilitará la democracia”, ha añadido Stanton.
Se espera que los ministros de la UE comuniquen su disposición de aprobar el CETA en su reunión de hoy en Luxemburgo. También decidirán qué partes del acuerdo serán aplicadas provisionalmente. Dada la oposición del Parlamento regional de Valonia, Bélgica no puede votar afirmativamente. Si el Consejo de ministros llega a un acuerdo y apoya el acuerdo, los representantes de los 28 estados miembros de la UE y Canadá firmarán el CETA en una cumbre en Bruselas el próximo 27 de octubre, pero no está claro si los 28 estados miembros de la UE estarán en disposición de hacerlo.
El Parlamento Europeo debatirá y votará su consentimiento a finales de 2016 o comienzos de 2017. Si el Parlamento Europeo da su consentimiento al CETA, grandes partes del acuerdo entrarán “provisionalmente” en vigor, antes incluso de que los parlamentos nacionales hayan dado su opinión.