El informe de Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón ¿Licencias para matar? sobre las exportaciones de armas españolas en el primer semestre de 2015, denuncia carencias en el sistema de control de las exportaciones de armas e incluye recomendaciones para reforzar el control y la transparencia. Las ONG denuncian el riesgo claro de que armas exportadas a la coalición saudí que opera en Yemen, a Colombia, Egipto, Irak, Israel o Pakistán, entre otras operaciones preocupantes, se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional y seguirán vigilando la aplicación estricta de la legislación española y el Tratado sobre el Comercio de Armas.
En el primer semestre de 2015, las exportaciones de armas españolas superaron los 1.800 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 15,8% en relación con el promedio de los tres últimos años. Las exportaciones de armas autorizadas alcanzaron los 1.678 millones de euros, un aumento del 9,1% con respecto a las ventas promedio en el periodo 2012-2015.
Casi un tercio de las exportaciones españolas de armas en el primer semestre de 2015 se destinó a los países de la coalición encabezada por Arabia Saudí que opera en la guerra de Yemen desde marzo de 2015. En ese período, España exportó a la coalición saudí armas como aviones, municiones, bombas, torpedos, cohetes y misiles por valor de 560 millones de euros.
Más de 3.000 civiles, entre ellos 700 menores, han perdido la vida en Yemen y al menos 2,5 millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares desde que comenzó el conflicto en marzo de 2015. El 83% de la población necesita ayuda humanitaria.
“Hemos documentado 32 ataques aéreos, incluidos ataques a hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, que podrían constituir crímenes de guerra” señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que reclama “un embargo de armas a las partes del conflicto en Yemen”.
“Seguiremos vigilando que el gobierno cumpla el Tratado sobre el Comercio de Armas, que ratificó en 2014, que impide vender armas para cometer atrocidades”, manifiesta José María Vera, director de Oxfam Intermón, que demanda ”una investigación para saber si en el conflicto de Yemen se han usado armas españolas para cometer presuntos crímenes de guerra”.
“Pedimos a los partidos políticos y al gobierno que, tras las próximas elecciones generales, adopten medidas para reforzar el sistema de control de las exportaciones de armas y mejorar el nivel de transparencia de la información publicada por el gobierno, dejando de considerar secretas las actas del organismo que autoriza o deniega las exportaciones de armas”, declara Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
Jordi Armadans, director de FundiPau, demanda al gobierno que salga de las urnas el 26 de junio que “no autorice la exportación de cinco corbetas a Arabia Saudí, cuya construcción por parte de Navantia está pendiente de la firma de un contrato, mientras exista un riesgo sustancial de que se emplearían para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional”.
El informe de las ONG identifica 13 operaciones especialmente preocupantes, entre las que figuran las ventas de munición y bombas a Arabia Saudí; armas pequeñas y municiones a las fuerzas armadas de Brasil; municiones, aviones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a Colombia; vehículos terrenos, aviones, repuestos y diversos equipos y sistemas a Egipto; municiones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a las fuerzas armadas de Irak; granadas de mano de gas lacrimógeno y aerosoles de defensa personal a la policía de Túnez, vehículos blindados, aeronaves y diversos equipos a Pakistán y diversos tipos de armas como bombas, cohetes y misiles a Israel.
Ante unas nuevas elecciones y una nueva legislatura, ocho años y medio después de la aprobación de la Ley 53/2007 y el constante aumento de estas exportaciones desde hace una década, las ONG recomiendan al Gobierno y a los grupos parlamentarios mejorar el sistema de control de exportaciones de armas y la transparencia.
En concreto, las ONG piden que se cumplan estrictamente la ley española sobre comercio de armas aprobada en 2007 y el Tratado sobre el Comercio de Armas, en vigor desde 2014, y otras normas internacionales; que se mejore la calidad y detalle de la información publicada, la evaluación de riesgo de las operaciones y la verificación del uso y usuarios finales de las armas exportadas, y reforzar el control parlamentario, asignando a la Comisión de Defensa una función de control parlamentario previo en el caso de las operaciones preocupantes.
Información adicional
- Entre 2012 y el primer semestre de 2015 las exportaciones de armas autorizadas por el Gobierno español ascendieron a 18.503 millones de euros y el volumen de las exportaciones realizadas superó los 11.527,4 millones de euros, consolidando así la tendencia al alza de las exportaciones de armas españolas de la última década.
- Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), entre 2011 y 2015, España fue el séptimo exportador mundial de las principales categorías de armas, con el 3,5 por ciento del volumen total.
- Entre las otras 14 operaciones de potencial preocupación sobre las que se necesita disponer de mayor información figuran las ventas a:
- Los países de la coalición saudí que opera en Yemen, destino de casi la tercera parte de las exportaciones de armas en el período analizado como la exportación de diversos tipos de armas a Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos y Qatar susceptibles de ser empleados en el conflicto yemení.
- EE.UU., principal importador de armas de caza y tiro deportivo españolas con 1,9 millones €, e importador de armas pequeñas y ligeras, municiones, bombas, torpedos, cohetes y misiles, vehículos terrenos, aeronaves y equipos electrónicos, pese a leyes estatales demasiado permisivas sobre el uso de fuerza letal y el riesgo de que las armas exportadas puedan ser utilizadas para la comisión de delitos;
- Armas de caza y tiro deportivo a Ghana, por el riesgo de desvío a Mali o Libia, y Guatemala, Honduras, Jamaica y la República Dominicana, afectados por altos niveles de violencia armada.
INFORME: Licencia para matar
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