Comunicado de prensa - julio 6, 2016
• Las organización ecologista ofrece las claves para entender el futuro de la planta en un contexto de rechazo parlamentario a la reapertura
Hoy 6 de julio se cumplen tres años desde que el Ministerio de Industria se viera obligado a emitir la orden de cese definitivo de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos), la más vieja de la Unión Europea, aunque la planta atómica lleva parada tres años y medio por decisión unilateral de sus propietarios, Iberdrola y Endesa. Primero se alegó riesgo quiebra económica, posteriormente se pidió una licencia para operar hasta alcanzar los 60 años de antigüedad, y en los últimos meses se manifestado la intención de no continuar con el proyecto.
“Garoña es el ejemplo del viejo modelo energético que no es rentable para las empresas y que además es muy peligroso y caro para el medio ambiente y las personas, por ello confiamos en que el próximo Gobierno, sea del signo que sea, actúe con sentido común y comience su desmantelamiento”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
En un día como hoy, Greenpeace quiere destacar tres cuestiones esenciales sobre la central que ayudarán a entender su situación actual y a aclarar su futuro:
(1) Garoña está cerrada por motivos económicos alegados por la empresa propietaria, Nuclenor S.A. (Iberdrola y Endesa) que en diciembre de 2012 pidió el cese definitivo de la explotación. Las inversiones requeridas en seguridad tras la catástrofe nuclear de Fukushima y las normas sobre fiscalidad energética estarían detrás. Además estaría la cuestión legal asociada a las económicas: en mayo de 2013 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) admitió que Garoña mantuviera su licencia sin operar, pero Industria no pudo hacer valer esta decisión y tuvo que declarar su cierre definitivo de explotación, en vigor a día de hoy. En 2014 se aprobó un real decreto que permite a Garoña obtener una nueva autorización y Nuclenor pidió la ampliación hasta 2031. Por último, no hay que olvidar la cuestión política, ya que tanto en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, como en las del 26 de junio de 2016 la mayoría de diputados ha manifestado que no apoyaba la puesta en marcha de la central.
(2) Sobre si se va a reabrir Garoña, no parece haber razones para hacerlo desde el punto de vista económico, con unas pérdidas estimadas de entre 260 y 329 millones de euros, aunque hay que vigilar las decisiones políticas en este sentido, a pesar de que una amplia mayoría parlamentaria no apoya su reapertura. Pero sin olvidar la decisión del CSN, que se espera favorable aunque condicione sus exigencias en materia de seguridad a la decisión efectiva del nuevo Gobierno. También depende de la validez de esta presunta licencia sin haberse sometido a Estudio de Impacto Ambiental.
(3) Por último respecto a qué pasará si se cierra definitivamente, se deberá pasar al desmantelamiento, algo que sucederá tarde o temprano (y que es la mejor alternativa inmediata). Si se concediera una nueva licencia, esta será condicionada, por lo tanto quedará en manos de sus propietarios si deciden realizar las inversiones necesarias, algo que no parece económicamente viable, pero que podría permitirles reclamar lucro cesante que pagaría toda la ciudadanía.
Greenpeace recuerda que en estos tres años no se ha echado de menos su electricidad, que la planta está en quiebra económica y que uno de sus dueños no quiere abrirla. Y que además, la mayoría del Parlamento quiere cerrarla, por lo que confía en que el CSN no conceda ninguna licencia para la central.
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