Greenpeace presenta hoy el informe “Hacer negocio con el Amazonas”, en el que denuncia la nueva amenaza a la que se enfrenta la región Amazónica: la construcción de grandes presas hidroeléctricas cuya realización conlleva la destrucción de ríos y enormes zonas de selva, así como la inundación de territorios indígenas, lo que provoca el desplazamiento de comunidades enteras y grandes repercusiones sociales. Además muestra cómo las grandes empresas implicadas están asumiendo graves riesgos financieros y de reputación por su participación en este tipo de proyectos.
La presentación ha sido simultánea a una acción de protesta de activistas de Greenpeace en la sede de Siemens en Munich, Alemania. Los ecologistas han pedido a esta gran compañía tecnológica que declare públicamente su desvinculación de la construcción de la megapresa de São Luiz do Tapajos, que contaría con un un muro de 7,6 km de largo y se situaría en el Río Tapajós, un afluente del Amazonas. De llevarse a cabo, este proyecto no solo inundará enormes extensiones de selva y destruirá la dinámica del río, sino que amenazará la supervivencia de 12.000 indígenas del pueblo Mundurukú, que han vivido en la región desde hace siglos [1].
“Empresas española como Mapfre e Iberdrola ya están enfangadas en la conflictividad social y ambiental de estos proyectos, junto con proveedores de equipos como Siemens, Voith, General Electric o Andritz”, mientras que otras compañías como la eléctrica italiana ENEL han comunicado públicamente su desvinculación en nuevos proyectos de este tipo", ha señalado Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España.
En Brasil, Iberdrola está asociada a Neoenergía, empresa que ha estado implicada en la construcción de numerosos proyectos hidroeléctricos, incluyendo la polémica presa de Belo Monte. Neoenergía forma parte del consorcio de empresas que han elaborado el Estudio de Evaluación Ambiental del proyecto de São Luiz do Tapajós. Durante la intervención de un miembro de Greenpeace en la Junta de Accionistas el pasado 8 de abril de 2016, se solicitó al Presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, una declaración pública de desvinculación del proyecto hidroeléctrico de Sao Luiz do Tapajós y de otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía que amenacen la selva y los pueblos indígenas. El Presidente contestó “esto es una sociedad participada; ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema, por tanto, son temas de los brasileños que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas y yo no puedo decir nada más”.
"Iberdrola presume de ser una empresa verde, con compromisos en materia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Su código ético obliga a respetar los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares en los que desarrollen su actividad. Pero en Brasil Iberdrola tiene un doble rasero, una doble moral, un discurso claramente hipócrita" ha señalado Soto.
Otra empresa española enfangada en el negocio hidroeléctrico en la Amazonia es Mapfre, que en Brasil está asociada al Banco do Brasil, entidad financiera cuya participación mayoritaria es el Gobierno de Brasil. Como en el caso de Iberdrola, BB-Mapfre ha estado involucrada en el polémico proyecto de Belo Monte, pero una vez obtenido el contrato para asegurar el 30% del riesgo de esta megapresa, reaseguró la operación en otras compañías de seguros.
Mapfre también presume de buen gobierno y buenas prácticas. La compañía ha participado en el Global Compact de Naciones Unidas desde 2004 y sostiene que apoya los Principios para la Inversión Responsable (PSI). Pero en una reunión reunión con responsables de la empresa mantenida con Greenpeace en marzo de 2016, la empresa alegó que necesitan tiempo para analizar los riesgos asociados con el proyecto de presa de Sao Luiz do Tapajos y que la decisión final se tomará conjuntamente con su socio el Banco do Brasil.
Ambas empresas españolas están involucradas en el complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en el río Xingu, que es el un ejemplo de cómo este tipo de proyectos además de generar desplazamientos de las comunidades y pueblos indígenas conllevan la destrucción de los ecosistemas frágiles. Además, Belo Monte se ha convertido en una pieza de la investigación sobre el escándalo de corrupción más grande en la historia de Brasil. Las empresas adjudicatarias pagaron millones de reales brasileños en sobornos para obtener participaciones en la construcción del complejo.
Incoherencias de las presas hidroeléctricas
Mientras que los entusiastas del desarrollismo de la Amazonia tratan de justificar los impactos ambientales, sociales y humanos de las grandes presas hidroeléctricas en la selva, con el argumento de que van a ayudar a parar el cambio climático, en realidad su construcción provoca una considerable cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, irónicamente, como resultado del cambio climático, se prevé que los ríos de la región sufran una drástica reducción del caudal, debido al descenso de lluvias, provocando una merma en los beneficios y que no se supla la demanda de energía de Brasil. Los cálculos de Greenpeace muestran que la mejor alternativa para suplir esta demanda es una combinación de energía eólica, solar y biomasa, combinación que sería factible si el gobierno aumentara en un 50% la capacidad total de los contratos subastados cada año para estas fuentes de energía renovables.
“El supuesto origen renovable de la explotación hidroeléctrica de los ríos de la Amazonia es un mito. Ya es hora de que el gobierno brasileño lo admita, así como el hecho de que estos proyectos traen miseria y destrucción a la región y no ofrecen seguridad energética. Las empresas deben saber, además, que estos riesgos hacen peligrar los supuestos beneficios económicos de estos proyectos”, ha añadido Soto.
Notas para los editores:
[1] El pueblo indígena Munduruku se opone a los planes del Gobierno de Brasil de construir media docena de presas hidroeléctricas en el río Tapajos. Además, las autoridades brasileñas han omitido las necesarias consultas sobre este proyecto a las comunidades indígenas, como exige la ley. La demarcación de su territorio Sawré Muybu ha sido suspendida.
Una versión más extendida del informe puede leerse aquí.
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