Greenpeace ha presentado hoy el informe Radiografía social del medio ambiente en España, un estudio en el que señala, comunidad por comunidad, más de 400 puntos negros del país así como 214 ejemplos positivos a seguir.
Además, en este informe Greenpeace ha ido más allá y, por primera vez, realiza una radiografía que refleja las duras consecuencias sociales que tienen las agresiones al medio ambiente en todas las comunidades autónomas. De igual modo, se ponen en valor los impactos positivos que conllevan las políticas medioambientales positivas.
Así, por ejemplo, ha establecido el vínculo entre las infraestructuras inútiles y los escándalos por corrupción y el despilfarro de dinero público; también entre una política energética dictada por las eléctricas y las enfermedades y pobreza energética, o entre la gestión forestal y las privatizaciones y la pérdida de derechos laborales.
"Esta radiografía permite demostrar que el medio ambiente es una de las principales víctimas de la crisis y es la ciudadanía quien sufre las consecuencias", ha declarado María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace. “Es necesario que los dirigentes políticos reviertan la situación y apuesten por modelos económicos y sociales respetuosos con el medio ambiente porque las evidencias demuestran que lo contrario tiene graves consecuencias para la ciudadanía”.
Estos son algunos ejemplos de las consecuencias sociales asociadas a la destrucción del medio ambiente:
De entre los casos que afectan al medio ambiente que la organización ecologista ha recogido en el informe porque también tienen nefastas consecuencias para la salud de la ciudadanía, destacan la contaminación que sufre la ciudad de Madrid (donde cada año se producen 2.000 muertes prematuras debido a la polución) y las centrales térmicas de carbón, a las que cada año se asocian medio millar de fallecimientos anuales.
Respecto a la corrupción, si bien la costa ha sido el principal escenario donde la destrucción del medio ambiente ha venido precedida de escándalos urbanísticos, estos también se han producido en el interior. Solo en 2011 se iniciaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas.
La organización ecologista también destaca los casos de puertas giratorias, donde el más preocupante está en la persona de la propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que durante años fue directiva de Fertiberia, una empresa con el peor historial de contaminación del país.
Por lo que a los recortes medioambientales se refiere, además del retroceso sufrido por la Ley de Costas y los recortes en sectores como la prevención y extinción de incendios, destaca la tendencia actual por la privatización de la gestión del agua que ya afecta a la mitad de los municipios del país. Además, Greenpeace lamenta que durante estos años sin sequía declarada, no se hayan llevado a cabo medidas para paliar sus efectos cuando con toda seguridad vuelva a suceder.
Respecto a las grandes infraestructuras que suponen grandes impactos medioambientales pero que luego suponen un fiasco que hay que pagar con dinero público, destacan casos como el del almacén de gas Castor, que podría suponer el pago de 1.350 millones de euros al grupo ACS, los 1.500 millones del aeropuerto de Ciudad Real o los 3.400 millones de las autopistas de peaje.
Finalmente, Greenpeace considera intolerable que en torno al 17% de los hogares en España (más de siete millones de personas) sufran pobreza energética mientras las empresas energéticas tienen ingresos millonarios gracias a una política del Ministerio de Industria hecha a medida.
Impactos positivos de las actuaciones respetuosas con el medio ambiente
Greenpeace ha detectado numerosas iniciativas y ejemplos positivos en un escenario de desmantelamiento generalizado del medio ambiente. Así, en los últimos años se han multiplicado las movilizaciones ciudadanas, muchas veces exitosas, en defensa del medio ambiente: las protestas por todo el país contra el fracking, el almacén Castor o las prospecciones de petróleo en el mar son solo algunos ejemplos.
También son numerosos los casos en que los propios dirigentes políticos toman la iniciativa y protegen a la ciudadanía de las consecuencias de destruir el medio ambiente. Es el caso de los numerosos municipios libres de transgénicos (más de 100 en toda España) o la oposición al fracking de siete Gobiernos autonómicos.
Greenpeace quiere hacer hincapié en las iniciativas pioneras del cambio, por la incomprensión que suponen a pesar de sus beneficios para el medio ambiente. Es el caso de proyectos como el sistema de recogida de residuos puerta a puerta en municipios de Euskadi, Navarra y Cataluña, o modelos energéticos 100% renovables como el de la isla de El Hierro.
El análisis de Greenpeace, también destaca el esfuerzo de aquellas personas que optan por un empleo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, a pesar de las muchas trabas y dificultades con las que se encuentra. Pero también destaca los modelos empresariales verdes que generan miles de puestos de trabajo como son los que ofrecen las energías renovables o la pesca sostenible.
Ránking medioambiental
Estos ejemplos y otros indicadores han permitido a Greenpeace elaborar un ranking de las comunidades autónomas en función de su índice de calidad ambiental, en función de diferentes temas como la agricultura, calidad del aire, costas, pesca, energía y cambio climático, protección y gestión del territorio, y la gestión de residuos.
Según este índice, las comunidades con más puntuación son La Rioja, Navarra y la Comunidad de Madrid, seguidas de Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cataluña, Baleares, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias y Euskadi. La lista la cierran la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón.
“Todas las comunidades se sitúan entre un nivel de calidad ambiental medio y bajo por lo que en todas sin duda, existe un gran margen de mejora medioambiental ”, ha comentado Julio Barea, responsable del informe. “Junto al Gobierno central, las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad en la situación en la que se encuentra el medio ambiente en su territorio, es fundamental que hagan políticas para la ciudadanía y el entorno natural y dejen de hacerla de espaldas a ella”, ha concluido Barea.
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