Comunicado de prensa - agosto 10, 2015
La respuesta parlamentaria de Soria de que se harán nuevos estudios para ver si se vuelve a poner en funcionamiento es contradictoria y carece de sentido.
Las condiciones del emplazamiento no han cambiado y reanudar las operaciones de reinyección de gas conllevaría la reactivación de la sismicidad.
El almacén y sus pruebas fallidas de reinyección de gas han dejado una factura para el contribuyente de 4.400 millones de euros.
Greenpeace denuncia el interés del Gobierno de no desmantelar el almacén de gas Castor. En una respuesta parlamentaria que el Gobierno ha enviado a la diputada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Congreso, Lourdes Ciurò, el ministro de Industria mantiene el interés del ejecutivo por la instalación y apunta a la realización de nuevos estudios técnicos de cara a la reapertura de la plataforma.
Industria argumenta que se harán nuevos estudios para ver si se desmantela la instalación o si se vuelve a poner en funcionamiento. Una nueva posición que significa una contradicción sobre la gestión de Industria del almacén de gas Castor, ya que el pasado mes de mayo el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguraba que el proyecto Castor "era un disparate", y también justificaba el pago a la promotora Escal UGS de 1.350 millones en concepto de indemnización por una decisión del Tribunal Supremo (TS) que deberá cumplirse.
Greenpeace considera esto un nuevo despropósito del ministro, ya que las condiciones geotécnicas del emplazamiento no han cambiado y reanudar las operaciones de reinyección de gas conllevaría, con toda seguridad, la reactivación de la sismicidad en la zona que motivó el cierre del almacén subterráneo.
“Es evidente que el ministro está preocupado por el asunto de Castor, ya que solo quedan tres meses para la elecciones generales, y el caso de este almacén de gas es otro estrepitoso fracaso de su política energética”, ha declarado Julio Barea responsable de campaña de Greenpeace España. “A su incapacidad para solventar el déficit de tarifa eléctrica ahora se le suma un nuevo y millonario déficit esta vez en la factura del gas que terminaremos pagando los consumidores durante los próximos 30 años”, ha añadido.
El pasado 25 de junio Greenpeace a bordo del Arctic Sunrise ya denunciaba el despilfarro de dinero público que supone Castor. Su coste final con el pago de intereses tendrá un costo de 4.400 millones de euros, cantidad con la que se podrían construir, por ejemplo, 40 hospitales.
Greenpeace considera que todo esto es consecuencia del empeño del Gobierno de España por seguir beneficiando a las energías sucias y a las empresas que apuestan por ellas, en lugar de cambiar el modelo energético actual hacia otro basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, tecnologías en las que España era hasta hace escasos cuatro años líder mundial.
Greenpeace es una organización independiente que no acepta dinero de gobiernos ni empresas para poder denunciar a todas aquellas personas o instituciones que amenazan al planeta. Solo el apoyo desinteresado de nuestros socios y socias hace posible nuestro trabajo.