Los datos sobre autorizaciones y exportaciones de armas publicados en marzo de este año por el Gobierno español no permiten saber si la coalición de países encabezada por Arabia Saudí ha utilizado las municiones, bombas, torpedos y misiles o aviones españoles exportados tanto en 2014 como en años anteriores en los ataques aéreos en Yemen desde marzo. Esta es una de las principales conclusiones del informe ¿Secretos que Matan?, hecho público hoy por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón respecto a las estadísticas del gobierno sobre comercio de armas realizado por España durante el primer semestre de 2014. El informe de las organizaciones incluye recomendaciones para reforzar el control parlamentario y la transparencia y garantizar que España respete el principio jurídico de «No autorizar armas para cometer atrocidades”.
“Hemos documentado diversos casos de ataques en cinco zonas densamente pobladas en Yemen, a consecuencia de los que han muerto al menos 139 personas, de las que al menos 97 eran civiles y 33 de ellas, menores, y 460 resultaron heridas, incluidas 157 civiles”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que denunció que “Varios de esos bombardeos destruyeron o dañaron infraestructura civil y parecen haber sido ataques indiscriminados, que violan el derecho internacional humanitario”. Todas las partes del conflicto han cometido graves abusos y violaciones de derechos humanos.
“El Gobierno español debe investigar si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas en estos bombardeos y suspender las transferencias de armas a todas las partes del conflicto de Yemen que puedan utilizarse para cometer atrocidades”, reclama Jordi Armadans, director de FundiPau. De acuerdo con el derecho internacional humanitario aplicable al conflicto armado en Yemen, los civiles y la infraestructura civil nunca pueden ser objeto de ataques deliberados y debe respetarse la prohibición de ataques que no diferencien entre civiles y combatientes o que causen un daño civil desproporcionado. Según la ONU, desde el comienzo de la campaña militar, el 25 de marzo, han muerto más de 550 civiles, entre ellos más de un centenar de niños y niñas.
“Yemen se enfrenta a una grave crisis humanitaria”, afirma José María Vera, director de Oxfam Intermón, que añade que “Hay más de 150.000 personas desplazadas internas y una grave escasez de combustible, medicamentos y alimentos básicos. La situación humanitaria antes del estallido de violencia era ya crítica con el 60% de la población dependiendo de la ayuda y con la importación del 90% de los alimentos. Esta crisis no hace sino recrudecer aún más la situación límite en la que vive la población”.
“Es hora de que el Gobierno deje de considerar secretas las actas de la Junta Interministerial responsable de las exportaciones de armas y revoque esa decisión adoptada en 1987”, dice Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, que recuerda que “Desde que hace 20 años empezamos a trabajar sobre la transparencia en este tema se han producido avances sustanciales, pero el nivel de transparencia actual del informe gubernamental impide al Parlamento y a la sociedad civil saber quién usa qué tipo concreto de armas exportadas por España”.
Otras transferencias
En el primer semestre de 2014, el Gobierno español autorizó exportaciones de armas por un valor de más de 1.445 millones de euros y exportó armas españolas por más de 1.447 millones de Euros.
Las ONG valoran positivamente el informe detallado del Gobierno remitido al Congreso, que incluye información sobre algunas de las operaciones y describe el tipo de producto exportado o autorizado, en el que destaca la aplicación del enfoque preventivo por parte del Gobierno en algunos casos. Dichos casos, entre otros, son las denegaciones de cuatro aviones de transporte militar a Sudán del Sur, botes de gas lacrimógeno para la policía de Egipto y cartuchos de caza a Guinea Bissau, la suspensión de licencias de material antidisturbios y cartuchos de caza a Venezuela, además de la suspensión temporal de licencias de armas de caza y tiro deportivo a Ucrania.
Sin embargo, más de siete años después de la aprobación de la Ley 53/2007 que regula el comercio de armas y ante el constante aumento de estas exportaciones desde hace una década, las ONG piden al Gobierno y a los partidos políticos que adopten una serie de medidas para seguir avanzando en transparencia y control parlamentario para garantizar que no se autoricen transferencias de armas españolas que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
El informe ¿Secretos que Matan? identifica una serie de operaciones preocupantes debido a la naturaleza del material exportado y/o autorizado, al destinatario y/o al riesgo claro de que pueda ser usado para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Igualmente, incluye otras operaciones sobre las que es necesario disponer de mayor información para poder emitir una opinión informada.
En relación con las operaciones preocupantes, las ONG piden al Gobierno que:
- Investigue si las fuerzas armadas saudíes han utilizado las armas españolas exportadas en los últimos años para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario
- Se abstenga de autorizar exportaciones de armas a Bahréin, donde en los últimos cinco años han sido utilizadas ampliamente contra manifestantes.
- Suspenda las transferencias de armas a Egipto, donde pueden ser utilizadas en la represión de protestas mediante el uso excesivo e injustificado de la fuerza para cometer violaciones graves de derechos humanos. Se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la violencia de las fuerzas de seguridad en los últimos años y se deben tener totales garantías de que las armas españolas exportadas a Egipto no están siendo utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional, especialmente en la Península del Sinaí, Yemen y Libia.
- Suspenda las transferencias de armas a Israel, Hamas y otros grupos armados palestinos hasta que no exista ningún riesgo sustancial de que ese material o equipo sea utilizado para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y promueva que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga un embargo de armas global a Israel, Hamas y otros grupos palestinos armados.
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