Comunicado de prensa - mayo 19, 2014
Greenpeace muestra una gran preocupación después de conocer el anuncio de Endesa e Iberdrola sobre la solicitud oficial al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de la envejecida central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Además de los riesgos asociados a una central tan antigua, esta solicitud supondría un aumento del volumen de trabajo de los técnicos del CSN que ya se encuentran sobrecargados con el proyecto del Almacén Temporal Centralizado y la renovación de la licencia de la central de Trillo.
miércoles, 05 de marzo de 2014
"Garoña es la central nuclear más antigua de la Unión Europea y la quinta del mundo. Una nuclear envejecida presenta riesgos para la población y el medio ambiente completamente evitables, ya que la aportación de electricidad de Garoña al conjunto es muy pequeña y existen muchas alternativas más seguras como las energías renovables.", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
Greenpeace recuerda que los riesgos derivados del envejecimiento son insalvables, ya que ciertas partes esenciales de los reactores nucleares no pueden ser sustituidas; los reemplazos y las actualizaciones introducen nuevos riesgos debido a las diferencias en la compatibilidad; la pérdida de personal experimentado (en especial aquellos que conocen la planta desde el principio) conduce a la pérdida de unos conocimientos de vital importancia; el aumento del almacenamiento del combustible nuclear gastado también añade riesgos, pero lo más importante es que siempre estaría a la zaga de las normas de seguridad que se establecen como aceptables hoy en día y que deben cumplirse por las nuevas centrales eléctricas.
Por otro lado, la organización ecologista quiere poner de manifiesto que el plazo mínimo de evaluación de una solicitud de licencia para Garoña, es de tres años, ya que el periodo mínimo con el que debe presentarse la documentación relativa al Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE) debe ser de tres años antes de la fecha en la que se deba proceder a la renovación.