Comunicado de prensa - junio 4, 2014
Greenpeace denuncia las trabas a las que se está enfrentando, incluyendo graves defectos de forma, a la hora de presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Por este motivo, la organización ha enviado a la Secretaría General del Consejo de Estado un escrito solicitando la ampliación del plazo de consulta y de presentación de alegaciones hasta que se aseguren las condiciones adecuadas de participación.
El proceso de consulta presenta varias trabas y defectos de forma:
- El pasado 15 de enero Greenpeace pidió audiencia al Consejo de Estado para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El 13 de febrero, el Consejo de Estado comunicó a Greenpeace la devolución del anteproyecto al Ministerio alegando la ausencia de documentos justificativos de dicha reforma. Tras varios meses de espera, la organización recibió este lunes 2 de junio la comunicación para la consulta del expediente del anteproyecto en las oficinas de la Secretaría General del Consejo de Estado y la presentación de alegaciones en un plazo de tan solo cinco días hábiles.
- Al consultar el expediente, Greenpeace ha podido comprobar que este se encuentra incompleto: falta el informe del Ministerio de Justicia, a pesar de figurar en el índice del expediente en el que el Ministerio de Interior informa sobre los documentos remitidos al Consejo de Estado. Tras reclamar en el Registro el documento "desaparecido", la organización ha sido informada en la Secretaría General del Consejo de Estado que según el Ministerio de Justicia el documento estaba en realización y sería enviado más adelante para completar el expediente.
- Por otra parte, y tal como desveló el diario "El País" la semana pasada, el texto del anteproyecto que ha llegado al Consejo de Estado se trata de un texto modificado respecto al que se aprobó en Consejo de Ministros. Sin embargo, no se menciona en ningún lugar del expediente dicha modificación, sino que se menciona únicamente el texto aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre de 2013.
"Llama la atención que el máximo organismo que debe velar por la observancia del ordenamiento jurídico dé vista de un expediente incompleto en un plazo tan escaso, lo que denota falta de transparencia y trabas a la participación democrática", ha declarado José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace España.
Según ha argumentado el Ministro de Interior, el ministerio se ha visto obligado a modificar el texto del anteproyecto tras los dictámenes del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, instituciones que consideran de dudosa constitucionalidad muchos de los artículos del anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros.
"Las prisas del ministro Fernández no son un buen presagio. Ha modificado el texto del anteproyecto y, sin hacerlo público, lo ha enviado al Consejo de Estado. El expediente no está completo y no está garantizado el correcto funcionamiento del proceso de consultas a los interesados. Otro ejemplo de cómo el Gobierno no está cómodo con la transparencia, la participación pública y la crítica", ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.
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