Comunicado de prensa - mayo 24, 2013
Ante la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por tres votos a favor y dos en contra, de permitir que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) solicite la ampliación de su permiso de explotación “en parada”, Greenpeace incluirá de manera inmediata esta vulneración del proceso reglamentario establecido en el proceso de denuncia que mantiene abierto ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Industria hasta conseguir que se declare la nulidad de la Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 3 de julio de 2012 de revocación del cierre de Garoña.
Este proceso comenzó con la denuncia interpuesta en noviembre de 2012 por la organización ecologista a la que se sumaron las alegaciones al procedimiento en febrero de este año.
Greenpeace considera que la decisión política tomada por el CSN afecta negativamente al rigor y a la profundidad necesarios para realizar las inspecciones, y a la evaluación de las modificaciones tanto del plan de cese de la explotación, como del nuevo proceso inédito abierto, como del plan de acción relativo a las pruebas de resistencia que tienen aprobado y en ejecución. La solicitud de una compañía privada como Nuclenor, propiedad de Iberdrola y Endesa, en defensa de sus intereses económicos ha prevalecido sobre la protección de la población y el medio ambiente.
“Si el ministro de Industria rectifica sus leyes al dictado de Iberdrola y Endesa, Greenpeace lo va a denunciar en los tribunales”, ha declarado Mario Rodríguez, director Ejecutivo de Greenpeace. “El CSN ha sido obligado por el Partido Popular para que el Gobierno tenga una coartada: les han obligado a renunciar a la independencia en la defensa de la seguridad nuclear”.
El próximo 11 y 12 de junio en Bruselas, durante la segunda conferencia que el Grupo de Reguladores de Seguridad Nuclear Europea (ENSREG) que se celebrará para valorar el seguimiento estas pruebas, la organización ecologista denunciará públicamente la violación del proceso de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares y, en particular, los planes de acción nacionales y su aplicación.
“En Bruselas no se va a entender que España vulnere las pruebas de resistencia con Garoña. Desacreditar la seguridad nuclear es negativo para los que sabemos que son peligrosas y para los que creen que no”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. “Tampoco van a entender que se defiendan los intereses privados por encima del interés público en materia nuclear”.