Comunicado de prensa - junio 17, 2013
Activistas de la organización escalaron la fachada del Congreso de los Diputados para denunciar la privatización del litoral con la reforma de la Ley de Costas
Aunque ni Greenpeace ni los ocho activistas imputados tienen aún notificación oficial de la Audiencia Nacional, la organización ecologista celebra que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no vea delito en la escalada al Congreso de los Diputados. Según los medios de comunicación, el fiscal, Luis Barroso, ha pedido el archivo de la causa por considerar que "que no existe constancia de que se alterara el pleno y que su intención fuera invadir la Cámara Baja".
Los activistas pasaron a disposición judicial de la Audiencia Nacional, donde en un principio fueron acusados de un posible delito contra las "altas instituciones del Estado" que podría llegar a ser castigada con hasta cinco años de cárcel.
"El informe de la Fiscalía deja claro que la protesta era pacífica y que lo único que quería evidenciar es grave retroceso en la protección ambiental y el uso público del litoral que supone la nueva Ley de Costas", ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.
La protesta se llevó a cabo el día en el que en el Congreso se aprobó con la mayoría absoluta del PP, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de partidos, la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral. Esta aprobación desprotege y privatiza el litoral español y podría favorecer a unos pocos intereses muy cercanos al Partido Popular (PP).