Exigen una política energética a largo plazo, orientada a promover la eficiencia energética y a alcanzar el 100% renovables en 2050

La lucha por el clima es sinónimo de reactivación económica para España por el impulso que implica de sectores como las energías renovables, muy intensivos en generación de empleo y en los que España conserva cierto liderazgo internacional. Greenpeace, 350.org y el alcalde de Alburquerque han expuesto que, sin embargo, la política energética del Gobierno de Mariano Rajoy va en sentido contrario y su apuesta por los combustibles fósiles y la energía nuclear está provocando graves consecuencias a nivel de destrucción de empleo en territorios ya muy afectados por ambas crisis la climática y la económica.

Coinciden en que los impactos del cambio climático han trascendido la vertiente ambiental y en España afectan ya a sectores como la agricultura, el turismo, la pesca o la industria vitivinícola. En este contexto es en el que se celebra, mañana, el Día de Acción Global organizado por 350.org bajo el lema “conecta los puntos”, para visibilizar los impactos de la crisis climática en todo el mundo. “Cada vez somos testigos de más inundaciones, más sequías, más grandes tormentas. Los impactos del cambio climático han pasado de estar en los informes científicos a aparecer en los telediarios. Estamos ante una situación sin precedentes y no hay tiempo que perder” ha declarado Julia Gladinñé, representante de 350.org en España.

Frenar el cambio climático es indispensable para garantizar el futuro de estos sectores y también para la recuperación económica. Sin embargo, lejos de potenciar las tecnologías renovables y aprovechar el liderazgo de España para colocar al país en la senda de la economía verde, el Gobierno ha aprobado una moratoria a las primas a las renovables al tiempo que apuesta, decididamente, por los combustibles fósiles. Esta situación está provocando el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas dedicadas a las tecnologías limpias y está causando estragos en multitud de territorios nacionales que confiaban en las renovables para generar el empleo que necesitan para superar la crisis económica.

Un ejemplo de los muchos que ya hay en España de esta problemática es el municipio de Alburquerque (Extremadura) en el que la moratoria a las primas a las renovables ha provocado la cancelación de los cinco proyectos de energía solar térmica en los que la zona confiaba para paliar el grave desempleo y despoblación que les afecta. Según Ángel Vadillo, alcalde de la población, “la única salida a la crisis en la que nos encontramos pasa por el fomento de las energías limpias, que no solo salvan el clima sino que pueden ser la solución a la crisis demográfica y de empleo en la que se encuentran territorios tan castigados como Extremadura”.

Tal y como ha demostrado Greenpeace en repetidas ocasiones, un sistema energético basado 100% en energías renovables es viable técnicamente y recomendable económicamente para España, por lo que la farsa de contraponer economía y clima ha dejado de ser creíble. La organización ecologista ha recordado que, desoyendo las recomendaciones de la Comisión Europea y de multitud de instituciones independientes de apostar por las energías limpias, el actual Gobierno está condenando a España a la los riesgos derivados de la energía nuclear, las prospecciones petrolíferas en aguas profundas o tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono o el fracking. Algo que, según ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña Cambio climático y Energía de Greenpeace, “es inaceptable en términos ecológicos y que, además, ni siquiera nos sale a cuenta económicamente ya que a la volatilidad de los precios de importación de los combustibles fósiles hay que sumar las subvenciones al carbón nacional que, a su vez, implican tener que gastar hasta 1.300 millones en la compra de derechos de emisión o ingentes aumentos del gasto público en partidas tan de actualidad estos días como las destinadas a control de la contaminación o sanidad”.

Greenpeace pide coherencia al Gobierno y considera que estas son las medidas que debe aprobar si realmente tiene la voluntad de reducir las emisiones a nivel interno para ahorrar en la factura de derechos de emisión (tal y como declaró el secretario de Estado de Medio Ambiente el pasado 29 de abril):

• .- Derogación de la moratoria a las primas para las energías renovables e internalización de los costes externos (sociales y ambientales) de la producción de energía.


• .- Eliminación de las subvenciones, directas e indirectas, a los combustibles fósiles y a la energía nuclear y mantenimiento de un régimen estricto de prohibición de las ayudas a los combustibles fósiles más allá del actual límite de 2018.


• .- Aprobación de un calendario de abandono de las energías sucias.


• .- Apuesta por la planificación energética a largo plazo y por alcanzar cero emisiones derivadas de la energía en 2050 mediante un sistema energético inteligente, eficiente y 100% renovable en 2050 en el que se haya reducido el 55% de la demanda energética final (tomando como base 2007).


• .- Defensa, en la negociación climática de la Unión Europea, de la propuesta de trayectoria energética a 2050 presentada por la Comisión Europea (Low carbon Roadmap 2050), con los objetivos intermedios de reducción de emisiones y de una Directiva de Eficiencia Energética que establezca un objetivo obligatorio del 20% de ahorro para 2020, objetivos nacionales de eficiencia energética, así como la reforma del mercado de derechos de emisión para aumentar el precio del carbono.