jueves, 22 de mayo de 2008
© Greenpeace / N. González
La empresa reclamó primero al Gobierno, y ahora ante la Audiencia Nacional, que se le indemnice con 40 millones de euros en concepto de “daño emergente y lucro cesante”, ante las pérdidas que le causó la adopción
del Tratado contra las bombas de racimo y su incorporación al marco legal español. El Ministerio de Defensa y el gobierno deben asegurar públicamente su disposición a cumplir el Tratado y no indemnizar a la empresa por esa causa.
La información disponible sobre esta denuncia, a través de medios de comunicación, se ha visto confirmada en el informe del Ministerio de Economía y Competitividad referido a las ventas de material de defensa, de doble uso y otro material en el año 2011. En su página 13, el informe reconoce que en las sesiones de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)
“fue informada una reclamación patrimonial respecto del Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de julio de 2008, por el que se establecía una moratoria unilateral sobre el empleo, el desarrollo, la producción, adquisición y el comercio exterior de las municiones de racimo”.
Según la información que recogía el diario Cinco Días hace un mes,
el Gobierno habría rechazado la petición en septiembre de 2011, en virtud de que se trata del cumplimiento de un tratado internacional que ha sido incorporado al ordenamiento legal interno y por cuyo cumplimiento, en definitiva, no habría derecho a compensación. Ante ello, la empresa ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Tanto la Fundació per la Pau como Greenpeace han sido organizaciones muy activas durante el proceso que llevó a la adopción de la Convención sobre Bombas de Racimo, y a su posterior adopción por parte de España. En este sentido, nos pareció enormemente positiva la adhesión de España a este instrumento internacional, y la iniciativa por la que nuestro país fue el primero en el mundo en deshacerse de sus arsenales de bombas de racimo.
Este es un armamento de carácter indiscriminado, que presenta altos riesgos para la población civil y cuyo uso causa graves daños humanitarios, durante los conflictos armados y mucho después de que las guerras hayan finalizado, debido a las municiones sin explotar. Por todos esos motivos, ambas organizaciones consideran la firma del Tratado en el año 2008 como una excelente noticia, especialmente para todas las víctimas de las bombas de racimo: las que se produjeron en el pasado y las que ya no se producirán debido a este avance.
Por todo ello, la Fundació per la Pau y Greenpeace exigen una confirmación de que el Ministerio de Defensa, y el gobierno en su conjunto, tienen intención de cumplir este Tratado internacional, y de no indemnizar a la empresa Instalaza por haber cesado en la producción de este tipo de armamento.