Sin embargo, Greenpeace advierte de que la aprobación de este tipo de instalaciones no debe ser sometida a los cupos máximos que limitan cuánta energía renovable se puede instalar cada año en España, ya que se trata de instalaciones en las que la energía renovable se utiliza para el ahorro energético.
Para la organización ecologista, este decreto supone un avance fundamental para la energía distribuida en España, es decir, para favorecer que se pueda producir la energía allí donde se consume, gracias a las nuevas tecnologías de energías renovables y de cogeneración, lo que contribuirá de forma importante a la eficiencia energética.
"El paso dado hoy es fundamental, pero para que sea eficaz sigue faltando la normativa que detalle las condiciones económicas del autoconsumo de la electricidad y del intercambio de electricidad entre estas instalaciones y la red", ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña Energía y Cambio climático de Greenpeace. "El autoconsumo ayudará a hacer un uso más eficiente y racional de la energía y permitirá un aprovechamiento generalizado y distribuido de las energías renovables".
Para Greenpeace, la aprobación in extremis de este decreto, en el último Consejo de Ministros del actual gobierno, supone haber perdido la oportunidad de dejar zanjado cómo se va a compensar económicamente el autoconsumo, algo que ahora queda en manos del próximo gobierno.
La organización ecologista recuerda que las instalaciones de generación distribuida para autoconsumo son esencialmente instalaciones de ahorro energético, por lo que no debe limitarse de ninguna forma la cantidad que se pueda instalar. La regulación económica, que ha quedado pendiente, debería reconocer no solo el derecho a un balance neto para compensar la energía consumida con la producida, sino el derecho a vender los excedentes a la red.
Greenpeace señala que el Real Decreto contiene elementos muy positivos, como:
Hace extensiva a todas las tecnologías de generación de electricidad de pequeña potencia, mediante energías renovables o cogeneración, la regulación de la conexión a red de instalaciones solares fotovoltaicas, que desde el año 2000 supuso la herramienta clave para poder conectar generadores solares a red y vender la energía producida.
Establece un procedimiento abreviado para la conexión de instalaciones de hasta 10 kW.
Prevé establecer un procedimiento de facturación y compensación de saldos entre energía producida y consumida, que sería un gran avance para el fomento del autoconsumo. Para Greenpeace, dicho procedimiento deberá permitir la contabilidad de la energía consumida y de la inyectada en la red, teniendo en cuenta los diferentes precios horarios de cada una y la prima correspondiente mientras esta sea necesaria.
Nota:Alegaciones presentadas por Greenpeace al Real Decreto