Greenpeace derriba simbólicamente parte del hotel ilegal de Cabo de Gata y lleva sus escombros a la Junta de Andalucía. Con esta acción la organización ecologista pide a Chaves que haga efectiva la demolición del del macrohotel ilegal del Algarrobico de 411 habitaciones y más de 20 plantas en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Greenpeace derriba simbólicamente parte del hotel ilegal de Cabo de Gata y lleva sus escombros a la Junta de Andalucía. Con esta acción la organización ecologista pide a Chaves que haga efectiva la demolición del del macrohotel ilegal del Algarrobico de 411 habitaciones y más de 20 plantas en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Greenpeace derriba simbólicamente parte del hotel ilegal de Cabo de Gata y lleva sus escombros a la Junta de Andalucía. Con esta acción la organización ecologista pide a Chaves que haga efectiva la demolición del del macrohotel ilegal del Algarrobico de 411 habitaciones y más de 20 plantas en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Activistas de Greenpeace con escombros procedentes del hotel de El Algarrobico frente a la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en Sevilla
Greenpeace lleva varios meses tratando de que la Junta de
Andalucía reconozca sus responsabilidades en el caso de la
construcción ilegal del hotel de la playa de El Algarrobico, dentro
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería).
En la última carta remitida por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a Greenpeace,
el delegado en Almería, Juan José Luque, olvida y elude el papel
decisivo que una Administración como la Junta de Andalucía ha de
cumplir ante un supuesto tan grave y llamativo como el de la playa
de El Algarrobico.
En su contestación a la Junta de Andalucía, la organización
ecologista ha lamentado que ésta se autoexculpe de sus evidentes
responsabilidades al no intervenir en tiempo y forma en este
asunto. Parte de dicha exculpación se basa en trasladar las culpas
al Ministerio de Medio Ambiente acusándole de no haber emitido
"ninguna sugerencia, advertencia o revisión desde la perspectiva de
la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre al
Plan Parcial recogido en las NNSS de Carboneras" (extracto de la
carta enviada a Greenpeace). La organización ha remitido al
delegado provincial las copias de los informes de la Dirección
General de Costas donde queda claramente reflejado que el
Ministerio considera desde 1995 que el hotel de El Algarrobico
incumple la Ley de Costas al no respetar los 100 metros de
distancia a la ribera de mar.
Greenpeace ha recordado al delegado que la Junta de Andalucía no
sólo tiene competencias urbanísticas, sino también competencias en
materia de medio ambiente, en virtud de las cuales tiene obligación
de garantizar y salvaguardar el litoral en la acepción más amplia
del término. Además, ha repasado las ocasiones en las que la Junta
de Andalucía debía haber actuado para paralizar la construcción del
hotel de Azata.
Greenpeace ha recordado a la Junta de Andalucía que, a pesar de
su falta de actuación en el pasado, en la actualidad tiene la
obligación de actuar a la vista de los nuevos argumentos que han
surgido en este caso: la declaración del deslinde del dominio
público marítimo-terrestre realizada en noviembre de 2005 por el
Ministerio de Medio Ambiente que afecta de forma directa a la
legalidad del hotel.
Igualmente destacable es la paralización de las obras del hotel
decretadas por el Juez del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de
Almería el pasado mes de febrero y la apertura de un expediente
contra España por parte de la Comisión Europea al no haberse
realizado la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental del
proyecto a pesar de situarse en un Lugar de Importancia
Comunitaria. Por último, Greenpeace considera como un hecho muy
grave la actual tramitación de nuevos instrumentos de protección
del Parque, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), en los que no se contempla en
absoluto la situación creada en El Algarrobico, ni medidas de
ningún tipo para preservar esa parte del litoral.
"La Junta de Andalucía ha dejado pasar muchas ocasiones para
actuar a pesar de que estaba obligada a ello. Aún no es demasiado
tarde para que asuma su responsabilidad y proteja esta tramo de
litoral de forma efectiva. Nos preocupa que la Junta esté
permitiendo la destrucción de la costa y su paso a manos de las
constructoras " ha declarado María José Caballero, responsable de
la Campaña de Costas de Greenpeace.
Especialmente preocupante es el hecho de que éste no es el
primer caso en el que la Junta de Andalucía deja pasar
oportunidades para aplicar la legalidad. En este sentido Greenpeace
ha remitido tanto al Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, como a la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, un
documento que recoge algunos de los casos en los que la
urbanización ha ganado a la protección ambiental:
El caso de las normas subsidiarias de Marina de Agua Amarga en
el que la Junta de Andalucía no informó al TSJ de Andalucía de la
clasificación del espacio como Hábitat Prioritario y Exclusivo y no
recurrió la sentencia.
El caso de las normas subsidiarias (NNSS) de Níjar por las que
este ayuntamiento planteaba la urbanización espacios protegidos por
el PORN de Cabo de Gata-Nijar. La Junta no presentó la planimetría
del PORN que acreditaba la protección de los espacios protegidos,
por lo que el TSJA declaró los terrenos urbanizables en contra de
lo dispuesto en por la Ley 4/89 y de la jurisprudencia del propio
TSJA. En este caso la Junta de Andalucía recurrió la sentencia
posteriormente y se está a la espera de la sentencia firme.
El caso de un particular que recurrió las NNSS de Níjar que
habían declarado no urbanizables sus terrenos. La Junta no aportó
los planos del PORN que acreditaban la protección de estos
terrenos, que fueron declarados urbanizables. La Junta tampoco ha
recurrido la sentencia que permite la urbanización del terreno, hoy
en propiedad de la empresa URBIS.
El caso de Azata para que no se realizase Evaluación de Impacto
Ambiental sobre terrenos colindantes a El Algarrobico protegidos
por el PORN y declarados ZEPA y LIC. Se desconoce exactamente la
motivación de la sentencia que declara que no debe realizarse
evaluación de impacto ambiental. Al tiempo que se conocía esta
sentencia del TSJA se sabía que la Comisión Europea había abierto
un expediente contra España por este motivo.
El caso de Punta Isleta, que pretendía que se declaren
urbanizables espacios protegidos por el PORN. En este caso la
Consejería de Medio Ambiente aportó una plano del PORN donde el
espacio urbanizable de la Isleta del Moro era unas cuatro veces
superior a lo que declara el PORN y se correspondía exactamente con
la propuesta de urbanización de Punta Isleta. Posteriormente la
Consejería aportó otro plano, que aunque ilegible, era la copia
legal del mapa publicado en el BOJA. El pleito está en fase de
conclusiones finales.