Estas piernas ortopédicas esperan conocer a sus nuevos dueños. Según la elección de los zapatos se puede intuir sus personalidades. Centro de atención del Comité Internacional de la Cruz Roja. Kuito, Angola, 1997.
La propia definición de este tipo de bombas y su alcance, la
asistencia a las víctimas y la cooperación internacional con las
comunidades afectadas por su uso, así como los plazos de aplicación
y transición del Tratado, una vez esté aprobado, han centrado gran
parte del trabajo de los asistentes a esta Conferencia.
Algunos países, como Japón, Reino Unido o Finlandia, han
continuado defendiendo que se incluyan amplias excepciones a la
prohibición, para permitir el uso de las bombas de racimo con
mecanismos autodestructivos y de auto neutralización, planteando,
por lo tanto, que éstas queden fuera del Tratado. También otro
grupo de países parecería interesado en dejar fuera del alcance de
este nuevo régimen internacional aquellos modelos que, según ellos,
tienen un alto grado de fiabilidad para conseguir su objetivo. En
este grupo se encuentra, entre otros, Alemania. Pero hay muchos
otros países (sobre todo los africanos, latinoamericanos y algunos
europeos) que junto con las agencias de Naciones Unidas, el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la Coalición contra las Bombas de
Racimo y otras ONG, tienen una posición clara y firme sobre la
necesidad de la prohibición total.
La Fundació per la Pau, Greenpeace, Moviment per la Pau,
Justicia i Pau y CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado) se unen al
llamamiento de la sociedad civil internacional para que el Tratado
prohíba todas las bombas de racimo sin excepciones, puesto que no
se trata de "salvar" a las bombas sino de proteger a la población
civil, así como de respetar el Derecho Internacional Humanitario
(DIH) y los derechos humanos.
El Gobierno español, que participa en el Proceso desde sus
inicios y que es signatario de la Declaración de Oslo, ha hecho
explícita en esta Conferencia su posición de poner en el centro del
proceso el concepto de prohibición de este tipo de armas. Sin
embargo, deja abierta la puerta a algunas excepciones, siempre que
tengan en cuenta criterios de impacto humanitario y no técnico,
como algunos países pretenden. Esto es lo que inspiró la
declaración de Oslo y este propósito se debería mantener cuando se
llegue al final del proceso, según ha declarado la delegación
española.
Esta postura española puede interpretarse en clave constructiva.
Ahora lo que esperamos y deseamos las ONG es que, en sintonía con
esta postura, muy pronto el gobierno español tome alguna medida de
carácter unilateral (destrucción de stocks, moratoria...) que ayude
a avanzar este proceso y que vaya en la línea de defender el DIH y
la legalidad internacional.
No faltan ejemplos en este sentido a nuestro alrededor. El
Gobierno de Austria anunció, durante el transcurso de la
Conferencia, que esta misma semana presentaría una iniciativa
parlamentaria para prohibir la producción, uso, almacenamiento y
comercialización de todas las bombas de racimo.
Las cinco ONG que participan en esta campaña internacional
consideran que éste es el camino que debería seguir el Gobierno
español. Bélgica ya lo hizo en febrero de 2006. Pero también
Noruega, Hungría y Holanda, que han decretado una moratoria, son
algunos ejemplos de países del entorno europeo que han decidido
pasar de las palabras a los hechos. No se puede olvidar que éste no
es un tema exclusivamente de defensa ni de intereses militares o
industriales, sino también humanitario: el 98% de las víctimas de
las bombas de racimo son civiles.
Después de Viena, las negociaciones continuarán el mes de
febrero en Nueva Zelanda. A continuación, habrá una reunión final
en Irlanda en el mes de mayo y la ceremonia de firma tendrá lugar
en Oslo a finales del próximo año. Las ONG continuaremos trabajando
en el proceso para obtener el mejor instrumento humanitario
internacional posible, así como para que se adopten las medidas
nacionales que sean necesarias para poner fin a esta tragedia que
día tras día viven millones de personas.