Pesca Pirata dentro de la zona exclusiva EEZ. La Fundación Ambiental de la Justicia y Greenpeace están colaborando con las autoridades de Guinea contra la pesca pirata.
Desde hoy, el colectivo de inspectores de pesca en España inicia
un paro parcial indefinido que consiste en el cumplimiento estricto
de su jornada laboral, que es de siete y media de la mañana a tres
y media de la tarde, de lunes a viernes.
A pesar de que según los propios trabajadores el 90% de las
infracciones de pesca se producen durante las noches y en fines de
semana, el marco legal que regula su actividad establece una
jornada laboral con horario 'de oficina', por lo que las
inspecciones fuera de este horario se habían venido realizando de
forma voluntaria y no regulada.
"Nos consta que hay muchos puntos del país en los que no se
realizan inspecciones fuera del horario laboral desde mediados de
2007. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino debería
dejar de lado las grandes declaraciones institucionales sobre la
importancia de luchar contra la pesca ilegal y empezar por
garantizar una de sus piedras angulares: una inspección pesquera
eficaz", apunta Losada.
Los inspectores reclaman un incremento de los medios humanos y
afirman que carecen de la seguridad jurídica requerida para el
desarrollo de su trabajo y no les son reconocidas situaciones de
riesgo, como las derivadas de su participación en actividades
nocturnas, embarques en medios marítimos y aéreos, etc.
"La lucha contra la pesca ilegal es imposible si no se ponen los
medios para hacer cumplir las normas, no se garantiza la seguridad
laboral y jurídica de los inspectores y no se crean las condiciones
para su desarrollo profesional", ha declarado Sebastián Losada,
responsable de la Campaña de Océanos de Greenpeace.
Ya el pasado 29 de enero y bajo el lema "Inspectores no
regulados, caladeros esquilmados", 62 de los 75 inspectores de la
Administración del Estado se sumaron a una huelga de un día para
protestar por la falta de condiciones para el desempeño de la
función inspectora en España.
Precisamente, un informe hecho público el pasado 5 de diciembre
de 2007 por el Tribunal de Cuentas Europeo sobre los sistemas de
inspección, control y sanciones en materia de pesca (1) de seis
Estados Miembros de la Unión Europea, entre ellos España (2),
ofrecía un panorama desastroso del control de las actividades
pesqueras en nuestro país. Entre las acusaciones realizadas por el
Tribunal de Cuentas figuraba que en el año 2005, con el mismo
equipo al frente del Ministerio que en la actualidad, habría un
desfase escandaloso de un 40% entre las declaraciones de capturas
de España a la Comisión Europea y los mismos datos según aparecen
en las bases de datos nacionales españolas.
En concreto, España habría declarado a la Dirección General de
Pesca de la Unión Europea haber capturado 262.900 t de pescado,
mientras que en las estadísticas nacionales figuran 431.900 t, una
diferencia abrumadora de 169.000 t. Según el Tribunal de Cuentas,
"las autoridades españolas han reconocido la omisión en las
declaraciones a la DG Pesca de unas 148.500 toneladas relacionadas
con especies no reguladas a través de cuotas, pero han sido
incapaces de proporcionar explicaciones para las otras 20.500
toneladas que faltan"(3).
El informe también cita que ya en 2003 una evaluación de las
necesidades de inspección llevada a cabo por el propio ministerio
evaluó el número necesario de inspectores en 139, casi el doble de
los existentes hoy en día (4).
"Los grandes perjudicados por la dejadez de la Administración en
este tema son nuestros recursos pesqueros ya que es evidente que
este Gobierno no está en condiciones de garantizar un cumplimiento
de las normativas de pesca", añadió Losada.