Tras la negativa del presidente de la Generalitat, José Montilla, a que Cataluña albergue el cementerio nuclear (ya rechazado por UICV, ERC y CiU), sumada a la retirada de los dos pueblos segovianos que se planteaban presentar su candidatura, y el rechazo inequívoco del Gobierno de Castilla-La Mancha y de todos los partidos políticos de esta Comunidad Autónoma, Greenpeace considera que el proceso emprendido por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se puede ya considerar un fracaso.
Por ello, la organización ecologista pide que el Gobierno se
replantee su política al respecto y busque un verdadero consenso
social sobre la gestión de residuos radiactivos.
"El ministro Sebastián ha fracasado en su intento porque ha
ignorado el sentir de la sociedad y ha pretendido sacar adelante el
cementerio nuclear despreciando a la sociedad civil e incluso a las
Comunidades Autónomas, y sin buscar un verdadero acuerdo social y
territorial", ha declarado Juan López de Uralde, director de
Greenpeace.
Un problema de primer orden de magnitud, desde el punto de vista
social, medioambiental y económico, como el de los residuos
radiactivos, no se puede resolver sin un previo consenso social y
político, que únicamente podrá alcanzarse poniendo sobre la mesa
previamente un calendario de cierre progresivo pero urgente de las
centrales nucleares.
"Si el Gobierno quiere resolver el problema de los residuos
radiactivos y cerrar de una vez el debate nuclear, tendrá que poner
sobre la mesa un buen plan de cierre de las centrales nucleares,
paso necesario para poder avanzar hacia un modelo energético
sostenible. Solo así conseguirá paz social al respecto", ha
afirmado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía nuclear
de Greenpeace.
Desde el principio, Greenpeace calificó el proceso iniciado por
el Ministerio de Industria como antidemocrático, además de
contradictorio con las promesas del presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, quien reconoció en el Congreso de los
Diputados la necesidad de lograr un amplio y previo consenso social
sobre la gestión de los residuos radiactivos para poder avanzar en
la solución de este grave problema.
En efecto, Zapatero dijo en el Congreso de los Diputados durante
el Debate del Estado de la Nación del 30 de mayo de 2006 : "Y
paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin
duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras
del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible
y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe
S.S., es un problema de hondo calado".
Sin embargo, el ministro de Industria, Miguel Sebastián,
haciendo caso omiso de las premisas del presidente del Gobierno,
decidió poner en marcha el proceso de construcción del cementerio
nuclear centralizado de residuos de alta actividad, prescindiendo
totalmente de buscar y lograr ese amplio consenso social de
organizaciones defensoras del medio ambiente, del consenso
territorial y del consenso político que Zapatero establecía como
fundamentales para poder avanzar en esta cuestión.
La estrategia del ministro Miguel Sebastián es la de tentar a
los alcaldes con dinero público (de los fondos de la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir
que algún municipio se ofrezca candidato a albergar el cementerio
nuclear, sin importar si ese Consistorio ha tenido en cuenta la
opinión de la población de ese municipio, la de los pueblos de su
entorno, y la de su comunidad autónoma. Además de resultar poco
ético, el Gobierno debe entender que tratar de resolver así un
problema tan grave como el de los residuos radiactivos es muy poco
democrático.