Comunicado de prensa - marzo 23, 2009
Una veintena de activistas de Greenpeace han desplegado frente a la embajada de Japón en Madrid una pancarta con el lema “Justicia para Greenpeace. Justicia para las ballenas”. Asimismo, representantes de la organización han entregado en la sede diplomática una carta para pedir al Gobierno japonés que no censure la información sobre la caza de ballenas.
Una veintena de activistas de Greenpeace han desplegado frente a la embajada de Japón en Madrid una pancarta con el lema “Justicia para Greenpeace. Justicia para las ballenas”.
Mientras, dos activistas con caretas, vestidos con monos
naranjas y con las manos esposadas, simbolizaban la persecución que
están sufriendo en su país los dos activistas japoneses Junichi
Sato y Toru Suzuki.
Este acto coincide con la segunda vista preliminar para el
juicio de Junichi Sato y Toru Suzuki, los dos activistas japoneses
arrestados por denunciar el contrabando de carne de ballena
procedente del programa japonés de caza "científica" de cetáceos en
la Antártida, y se une a las numerosas protestas llevadas a cabo
por la organización a lo largo de todo el mundo en apoyo de Junichi
y Toru y su derecho a ejercer la libertad de expresión para
denunciar la actuación de un organismo público.
La organización ecologista, en su petición formal apoyada por un
congresista del partido demócrata nipón, pide a la Agencia Pesquera
de Japón que haga públicas las copias no censuradas de documentos
de ventas de carne de ballena obtenidos por Greenpeace. Éstos
detallan las ventas de carne de ballena y los contratos entre la
Agencia Pesquera de Japón y el Instituto de Investigación de
Cetáceos (IIC). Sin embargo, los documentos que presentó el pasado
19 de enero la Agencia Pesquera de Japón estaban tan censurados que
resultan inservibles.
"La censura de esta información refleja el nivel de secreto que
rodea la financiación del Gobierno japones al programa de la caza
de ballenas. Estos documentos simbolizan la voluntad de la Agencia
Pesquera de Japón de quebrantar su propia promesa de transparencia
y responsabilidad", ha declarado Celia Ojeda responsable de la
campaña de Océanos de Greenpeace.
A pesar de la actual crisis económica, la peor en un siglo en el
país asiático, la Agencia Pesquera de Japón continúa subvencionando
las expediciones de caza de ballenas supuestamente científicas del
Instituto de Investigación de Cetáceos al Santuario de Ballena de
la Antártida con subvenciones que alcanzan 500 millones de yenes
(3,6 millones de euros) al año.
"Los ciudadanos japoneses tienen el derecho a estar informados
sobre la mala conducta de sus representantes gubernamentales.
Junichi Sato y Toru Suzuki simplemente han hecho uso de su derecho
a la libertad de expresión para denunciar el contrabando de carne
de ballena ", ha declarado Ojeda.
Este programa de caza de ballenas financiado con dinero público
está en bancarrota, es ecológica y económicamente insostenible y no
es necesario ni requerido por nadie fuera de la industria
ballenera.