Un colaborador de la asociacion ecologista Greenpeace y de La Mesa de La Ria toma mediciones de radioactividad en la marisma del Rio Tinto, junto a las balsas de Fosfoyesos de Fertiberia, en Huelva. 07 Marzo 2005. FOTO: GREENPEACE/Pedro ARMESTRE.
Un colaborador de la asociacion ecologista Greenpeace y de La Mesa de La Ria toma mediciones de radioactividad en la marisma del Rio Tinto, junto a las balsas de Fosfoyesos de Fertiberia, en Huelva. 07 Marzo 2005. FOTO: GREENPEACE/Pedro ARMESTRE.
Miembros de Greenpeace bloquean dos tuberías de la factoría de Fertiberia en Huelva con el lema "no a la contaminación de la ría".
Miembros de Greenpeace bloquean dos tuberías de la factoría de Fertiberia en Huelva con el lema "no a la contaminación de la ría".
Miembros de Greenpeace bloquean dos tuberías de la factoría de Fertiberia en Huelva con el lema "no a la contaminación de la ría".
El Comité de Peticiones, que se encarga de gestionar las
denuncias de los ciudadanos por incumplimiento de la normativa
comunitaria, puede ahora abrir una investigación a España por las
violaciones de legislación comunitaria en Huelva.
El deterioro de la salud pública en Huelva
Greenpeace ha querido enfatizar la cuestión de la salud pública,
ya que el grave problema que generan los fosfoyesos hacen que
Huelva tenga un grave problema sanitario. Diversos estudios del
Servicio Andaluz de Salud, CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra,
ponen de manifiesto que la mortalidad por cáncer en Huelva es la
mayor de España. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica afirma que Huelva es la ciudad con mayor tasa de asmáticos
(14,6%). En esta misma línea, el Colectivo Ciudadano por la
Descontaminación de Huelva denunció una incidencia mayor de
esterilidad, abortos, malformaciones de nacimiento, asma y otras
afecciones respiratorias y enfermedades endocrinas en la zona.
La connivencia de las Administraciones central, autonómica y local
Otro de los asuntos claves es la connivencia de las
Administraciones con las empresas responsables. El propio
Ayuntamiento de Huelva ha negado reiteradamente que existan riesgos
para la salud de los onubenses cuando ya en 1997, las conclusiones
de un informe encargado por el pleno local advertía de los
importantes efectos para la salud, el medio ambiente y la economía
de la ciudad de la contaminación radiactiva y química.
Esta situación se repite en las instituciones de la Junta. Un
estudio del Servicio Andaluz de Salud de 1989 indicaba en sus
conclusiones que "la situación sanitaria ambiental y social de
Huelva demanda una investigación epidemiológica que evalúe el
posible impacto en la salud de la población de la presencia de
contaminantes en los distintos medios".
También el CSN, organismo encargado de la seguridad nuclear en
España, actuó de forma incorrecta enterrando las cenizas
radiactivas procedentes del accidente de Acerinox de 1998 en las
marismas de Mendaña. Estos residuos tendrían que haber sido
gestionados como residuos radiactivos, ya que los niveles de
radiactividad superan 3.500 veces lo permitido. Por otra parte,
este organismo no puede hacer la vista gorda ante la evidencia de
que los niveles de radiactividad en las balsas de fosfoyesos supera
decenas de veces los límites legalmente permitidos poniendo en
riesgo la salud pública y del medio ambiente.
La Junta ha asumido los gastos de restauración en lugar de cargarlo a las empresas
La Junta pagó en 1990 la restauración de las marismas del Pinar,
ocupadas por millones de toneladas de fosfoyesos vertidas por
Fertiberia. Nada menos que 10,7 millones de euros por la cubrición
de los residuos pagados con dinero público. A pesar de este gasto,
las marismas siguen siendo una fuente de contaminación tal y como
recoge el tercer informe del CSIC. La Junta eximió también a
Fertiberia de limpiar los terrenos contaminados en los que tenía su
sede en Sevilla, que hasta la fecha se mantienen abandonados.
Fertiberia ya ha manifestado en varias ocasiones que no va a
asumir los costes de la descontaminación de la balsas de
fosfoyesos.
Las Directivas vulneradas son:
- Directiva 96/61 de Prevención de la Contaminación (Directiva
IPPC):
- Por la manifiesta intención de no recuperar las marismas
del Tinto cuando cese la actividad tal y como ha declarado en
reiteradas ocasiones las empresas Fertiberia y FMC-Foret.
- Por la falta de impermeabilización de las balsas, que
además superan los 20 metros de altura sobre la marisma, muy por
encima de los 3 metros permitidos.
- Por la utilización continuada de una tubería de descarga ilegal
al estero del Rincón como demuestran las fotos de satélite.
- Porque el supuesto circuito cerrado de las balsas no existe,
puesto que se vierte desde la propia balsa de seguridad y existen
reboses en diferentes puntos del resto de las balsas.
Directiva Marco de Residuos:
- Por el vertido continuado a las marismas del Tinto de
líquidos con elevada carga de sólidos en suspensión y metales pesados como
Plomo, Arsénico, Mercurio, Cadmio, Zinc y Cobre en cantidades que
superan los límites permitidos por esta directiva (tal y como
demuestran dos condenas judiciales contra Fertiberia y las
analíticas oficiales).
- Por la contaminación de los acuíferos debida a la falta
de impermeabilización de las balsas de fosfoyesos.
- Por la utilización de estos residuos caracterizados
como tóxicos y peligrosos para la corrección de suelos en las marismas del Guadalquivir, con lo que han
extendido la contaminación.
Las Directivas de Hábitats y Aves:
- Por la degradación de las marismas del Tinto tanto en las zonas de vertido como en las zonas revegetadas,
donde los metales pesados y radiactivos han entrado a formar parte
de la cadena trófica perjudicando tanto a fauna como a flora.
Directiva EURATOM-96/29-S:
- Los residuos superan los niveles de radiactividad permitidos entre 20 y 30 veces.
- La marisma de Mendaña acoge el CRI 9, donde la Administración ha enterrado 7.131 toneladas de material radiactivo contaminado por Cesio 137 con niveles de radiactividad de hasta 3.500 veces el máximo permitido.
Además, la peligrosidad del área no está señalada."Es inadmisible
el riesgo al que se está sometiendo a la ciudadanía de Huelva. Este
problema debería ser prioritario para las Administraciones. La
Junta de Andalucía no sólo hace caso omiso a estudios que alertan
sobre la problemática ambiental y su relación con las afecciones a
la salud, sino que tiene un actitud totalmente permisiva con las
empresas contaminantes. Greenpeace ha decidido ir a Bruselas porque
las autoridades españolas no remedian la catástrofe ambiental que
se vive en Huelva", afirmó Julio Barea, reponsable de la campaña de
Aguas de Greenpeace.