Comunicado de prensa - abril 1, 2007
Greenpeace celebra que la ampliación del Museo del Prado sea la primera obra pública que ha atendido a verdaderos criterios de sostenibilidad en la adquisición de madera. Aunque la inauguración oficial será en octubre, los 22.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones están ya concluidos y se han mostrado en la visita que el pasado sábado realizó la Ministra de Cultura, Carmen Calvo.
Fachada oeste del Museo del Prado
En una carta remitida a la Ministra de Cultura el pasado mes de
diciembre, Greenpeace felicitó al Ministerio por la decisión de
emplear madera certificada por el FSC (Consejo de Administración
Forestal). Este organismo independiente es el que tiene los
estándares más rigurosos tanto sociales como ambientales y el único
que cuenta con el beneplácito de las más importantes organizaciones
de defensa ambiental.
Según Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de
Greenpeace, "éste es un hecho sin precedentes en España. Una obra
pública, un edificio emblemático de la cultura española y mundial,
además, ha sido construido incorporando uno de los criterios de
sostenibilidad que la sociedad está demandando actualmente".
La última vez que se inauguró la ampliación de un museo, la
organización ecologista no tuvo tan buena opinión de la misma. Fue
en octubre de 2005 cuando Greenpeace realizó una acción en las
nuevas instalaciones del Museo Reina Sofía denunciando que en las
obras de ampliación se había comprado madera a empresas denunciadas
y multadas en Brasil por comerciar con madera extraída ilegalmente
de la selva amazónica, como demostraron en su informe Crimen
forestal en el museo. En estas obras se empleó madera de jatoba
para 6.000 m2 de suelo a lo que habría que sumar una cantidad
considerable para paredes y falsos techos chapados con el mismo
material.
Greenpeace celebra que la administración central haya aprendido
del error cometido, cuyos efectos negativos sociales y ambientales
afectaron al mayor bosque primario del planeta y a sus
habitantes.
"Esperamos que cunda el ejemplo y en la Ley de Contratos del
Sector Público, actualmente en proyecto, se imite la voluntad
demostrada en esta obra y se apueste por criterios sociales y
medioambientales sin excusas, tal y como afirmó la vicepresidenta
Mª Teresa Fernández de la Vega cuando se elevó el proyecto de ley
al Consejo de Ministros. El volumen de compra de las
administraciones públicas obliga a que extremen la cautela en su
política de compras y, al mismo tiempo, sirvan de ejemplo a la
industria y a los ciudadanos, demostrando que se puede apostar por
materiales que no comprometen el futuro de los bosques primarios,
los que se conservan intactos, y la biodiversidad que albergan",
afirmó Miguel Ángel.
El pasado 12 de marzo Greenpeace y WWF/Adena elaboraron una
propuesta de enmiendas al proyecto de Ley en el que se ponía
especial hincapié en la inclusión de parámetros sociales y
ambientales estrictos a la hora de establecer los criterios de
compras públicas.