Un activista de Greenpeace sobrevuela en paramotor la Central Nuclear de Almaraz.
Activistas de Greenpeace en la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.
Activistas de Greenpeace bloquean la puerta de la Central nuclear para pedir su cierre, mientras otro activista bloquea sobrevuela en paramotor la central.
Imágenes de activistas de Greenpeace pidiendo el cierre de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres).
Artic Sunris, tour en contra de la energía nuclear
El Grupo Parlamentario Socialista presentará mañana miércoles en
la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los
Diputados una serie de enmiendas transaccionales a la Proposición
de Ley de Reforma del Consejo de Seguridad Nuclear presentada por
el Grupo Parlamentario Izquierda Verde (IV-IU-ICV) que establecerá
un régimen sancionador beneficioso para la industria nuclear,
sustraerá algunas competencias a las CC.AA. y no penalizará poner
en riesgo el medio ambiente.
Los socialistas, en sus enmiendas transaccionales, dinamitan el
espíritu de la Proposición de Ley, la cual reconocía de forma
expresa toda una serie de derechos de los ciudadanos frente al CSN
como acceder a los registros, archivos y, en general, a todos los
documentos que formen parte de los expedientes administrativos del
CSN; solicitar que se investiguen los supuestos de mal
funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas;
interponer recurso de reposición contra las resoluciones del
Pleno... Las enmiendas socialistas también eliminan los deberes del
CSN con los ciudadanos como la obligación de resolver motivadamente
las solicitudes formuladas por los ciudadanos; de notificar a los
interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a
sus derechos e intereses,… La enmienda del PSOE limita todos estos
derechos y deberes al de acceso a la información que recoge la Ley
27/2006.
"Gracias al PSOE, a las centrales nucleares les seguirá
resultando más rentable pagar multas (si es que finalmente son
descubiertas) antes que parar cuando descubran un problema de
seguridad, como sucedió en el accidente de Vandellós-2 en 2004", ha
declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía
nuclear de Greenpeace.
En septiembre de 2005, estando aún caliente el grave suceso
ocurrido en 2004 en la central nuclear Vandellós-2 (cuya pésima
gestión por parte del CSN -que entonces presidía Mª Teresa Estevan
Bolea- ocasionó un serio descrédito a este organismo), el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde, a instancias de Greenpeace,
planteó en el Pleno del Congreso de los Diputados la toma en
consideración de una propuesta para reformar la Ley de Creación del
CSN.
Esta Proposición de Ley planteaba y concretaba en términos
jurídicos un compromiso real y no teórico con la transparencia, la
neutralidad, el rigor y la participación pública, elementos de los
que ha adolecido el CSN desde su creación en 1980. El PSOE apoyó la
proposición con sus votos a favor. Desde entonces, el Presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reiterado en varias
comparecencias públicas su compromiso de tramitar de forma urgente
la propuesta y hacer del CSN un organismo verdaderamente
independiente y al servicio de los ciudadanos.
Tras tenerla prácticamente aparcada casi dos años desde esa
votación, el PSOE parece haber decidido ahora impulsar la
tramitación de esta Proposición de Ley, pero sólo después de haber
negociado importantes recortes a la propuesta original, sobre todo
en materia de información y de participación publica, con otros
grupos parlamentarios defensores de la energía nuclear y contrarios
a la reforma del CSN.
Entre las reformas que el Gobierno ha decidido ligar a la
tramitación de la Proposición de Ley para la reforma del CSN está
la del régimen sancionador en materia de energía nuclear. El PSOE
ha ignorado la propuesta inicial de régimen sancionador que remitió
el CSN de Estevan Bolea al Gobierno en abril del 2006 y lo ha
sustituido por otro mucho más al gusto de la industria nuclear. La
propuesta de Bolea preveía la posibilidad de sancionar a las
instalaciones nucleares que incumpliesen las normas de seguridad
con multas del doble del beneficio económico obtenido durante el
periodo en el que hayan estado incumpliéndolas.
La nueva propuesta remitida por la ahora presidenta del CSN, la
socialista Carmen Martínez Ten, ha eliminado esta posibilidad, a
demanda del Ministerio de Industria, argumentando que vulneraba el
principio de proporcionalidad por el que las sanciones deben
adecuarse a las infracciones cometidas. Sin embargo, los regímenes
sancionadores de un buen número de leyes en el ámbito estatal y
autonómico multan exactamente de esta manera. La base de sancionar
hasta con el doble del beneficio persigue precisamente la
proporcionalidad entre las sanciones y las infracciones, que ni se
da en el régimen vigente ni, según todo apunta, se dará en el nuevo
régimen que propone ahora el PSOE.
En cuanto a la calificación de sanciones muy graves, el PSOE
hace referencia al establecimiento de dosis de radiactividad con
efectos deterministas. Esto impedirá que en la práctica se puedan
poner sanciones muy graves. Para Greenpeace, es esencial que los
límites de dosis tengan una referencia objetiva, tomando como base
las establecidas en el Reglamento de Protección Sanitaria contra
las Radiaciones Ionizantes.
El régimen sancionador que propone el PSOE exige que exista daño
al medio ambiente para poder sancionar. Esto dejará sin castigar
prácticas que aunque no hayan producido daño efectivo hayan puesto
en riesgo a la población y al medio ambiente. Greenpeace ha
propuesto utilizar como criterio objetivo el riesgo de emisiones al
medio ambiente que supere en cinco veces la dosis media anual (1
mSv).
El PSOE además mantiene la criticada figura del
"apercibimiento". Greenpeace considera que esta figura, una especie
de amonestación sin consecuencias para la instalación infractora y
que el CSN utiliza cada vez con más fruición, es totalmente
negativa y va en contra de la seguridad y de la aplicación rigurosa
del régimen sancionador, y por lo tanto debería eliminarse.
Además, el régimen sancionador que avala el PSOE no contempla
que en todos los casos se notifique a la autoridad competente (al
Ministerio de Industria o las Comunidades Autónomas con
competencias transferidas en instalaciones radiactivas), lo cual
podría ser incluso anticonstitucional.