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Greenpeace denuncia que el PSOE tratará mañana de dinamitar la propuesta de reforma del CSN

Los socialistas proponen un régimen sancionador favorable a la industria nuclear, que sustrae competencias a las CC.AA. y limita los derechos de los ciudadanos

Comunicado de prensa - junio 19, 2007
Greenpeace denuncia que el PSOE ha decidido incumplir su compromiso y el del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de llevar a cabo una profunda reforma legal del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para convertirlo en un organismo transparente, independiente de la industria nuclear, participativo y al servicio de los ciudadanos.

Un activista de Greenpeace sobrevuela en paramotor la Central Nuclear de Almaraz.

Activistas de Greenpeace en la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.

Activistas de Greenpeace bloquean la puerta de la Central nuclear para pedir su cierre, mientras otro activista bloquea sobrevuela en paramotor la central.

Imágenes de activistas de Greenpeace pidiendo el cierre de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres).

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El Grupo Parlamentario Socialista presentará mañana miércoles en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados una serie de enmiendas transaccionales a la Proposición de Ley de Reforma del Consejo de Seguridad Nuclear presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Verde (IV-IU-ICV) que establecerá un régimen sancionador beneficioso para la industria nuclear, sustraerá algunas competencias a las CC.AA. y no penalizará poner en riesgo el medio ambiente.

Los socialistas, en sus enmiendas transaccionales, dinamitan el espíritu de la Proposición de Ley, la cual reconocía de forma expresa toda una serie de derechos de los ciudadanos frente al CSN como acceder a los registros, archivos y, en general, a todos los documentos que formen parte de los expedientes administrativos del CSN; solicitar que se investiguen los supuestos de mal funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas; interponer recurso de reposición contra las resoluciones del Pleno... Las enmiendas socialistas también eliminan los deberes del CSN con los ciudadanos como la obligación de resolver motivadamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos; de notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses,… La enmienda del PSOE limita todos estos derechos y deberes al de acceso a la información que recoge la Ley 27/2006.

"Gracias al PSOE, a las centrales nucleares les seguirá resultando más rentable pagar multas (si es que finalmente son descubiertas) antes que parar cuando descubran un problema de seguridad, como sucedió en el accidente de Vandellós-2 en 2004", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.

En septiembre de 2005, estando aún caliente el grave suceso ocurrido en 2004 en la central nuclear Vandellós-2 (cuya pésima gestión por parte del CSN -que entonces presidía Mª Teresa Estevan Bolea- ocasionó un serio descrédito a este organismo), el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, a instancias de Greenpeace, planteó en el Pleno del Congreso de los Diputados la toma en consideración de una propuesta para reformar la Ley de Creación del CSN.

Esta Proposición de Ley planteaba y concretaba en términos jurídicos un compromiso real y no teórico con la transparencia, la neutralidad, el rigor y la participación pública, elementos de los que ha adolecido el CSN desde su creación en 1980. El PSOE apoyó la proposición con sus votos a favor. Desde entonces, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reiterado en varias comparecencias públicas su compromiso de tramitar de forma urgente la propuesta y hacer del CSN un organismo verdaderamente independiente y al servicio de los ciudadanos.

Tras tenerla prácticamente aparcada casi dos años desde esa votación, el PSOE parece haber decidido ahora impulsar la tramitación de esta Proposición de Ley, pero sólo después de haber negociado importantes recortes a la propuesta original, sobre todo en materia de información y de participación publica, con otros grupos parlamentarios defensores de la energía nuclear y contrarios a la reforma del CSN.

Entre las reformas que el Gobierno ha decidido ligar a la tramitación de la Proposición de Ley para la reforma del CSN está la del régimen sancionador en materia de energía nuclear. El PSOE ha ignorado la propuesta inicial de régimen sancionador que remitió el CSN de Estevan Bolea al Gobierno en abril del 2006 y lo ha sustituido por otro mucho más al gusto de la industria nuclear. La propuesta de Bolea preveía la posibilidad de sancionar a las instalaciones nucleares que incumpliesen las normas de seguridad con multas del doble del beneficio económico obtenido durante el periodo en el que hayan estado incumpliéndolas.

La nueva propuesta remitida por la ahora presidenta del CSN, la socialista Carmen Martínez Ten, ha eliminado esta posibilidad, a demanda del Ministerio de Industria, argumentando que vulneraba el principio de proporcionalidad por el que las sanciones deben adecuarse a las infracciones cometidas. Sin embargo, los regímenes sancionadores de un buen número de leyes en el ámbito estatal y autonómico multan exactamente de esta manera. La base de sancionar hasta con el doble del beneficio persigue precisamente la proporcionalidad entre las sanciones y las infracciones, que ni se da en el régimen vigente ni, según todo apunta, se dará en el nuevo régimen que propone ahora el PSOE.

En cuanto a la calificación de sanciones muy graves, el PSOE hace referencia al establecimiento de dosis de radiactividad con efectos deterministas. Esto impedirá que en la práctica se puedan poner sanciones muy graves. Para Greenpeace, es esencial que los límites de dosis tengan una referencia objetiva, tomando como base las establecidas en el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.

El régimen sancionador que propone el PSOE exige que exista daño al medio ambiente para poder sancionar. Esto dejará sin castigar prácticas que aunque no hayan producido daño efectivo hayan puesto en riesgo a la población y al medio ambiente. Greenpeace ha propuesto utilizar como criterio objetivo el riesgo de emisiones al medio ambiente que supere en cinco veces la dosis media anual (1 mSv).

El PSOE además mantiene la criticada figura del "apercibimiento". Greenpeace considera que esta figura, una especie de amonestación sin consecuencias para la instalación infractora y que el CSN utiliza cada vez con más fruición, es totalmente negativa y va en contra de la seguridad y de la aplicación rigurosa del régimen sancionador, y por lo tanto debería eliminarse.

Además, el régimen sancionador que avala el PSOE no contempla que en todos los casos se notifique a la autoridad competente (al Ministerio de Industria o las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en instalaciones radiactivas), lo cual podría ser incluso anticonstitucional.