A pesar de la apariencia de sus cifras, las sanciones incluidas en la propuesta de expediente sancionador a la central nuclear Ascó I (Tarragona) presentada hoy por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MITyC), resultan decepcionantes e implican un trato muy favorable a la central. La multa máxima, en caso de aplicarse el tramo más alto en todas las sanciones propuestas, alcanzaría los 22 millones de euros, que es el equivalente al beneficio que obtienen en tan solo unas dos semanas de funcionamiento de la central (1,2 MEUR de beneficio diario por la venta de electricidad).
Central nuclear de Ascó, Tarragona
Más que aumentar la cantidad económica de la sanción, el CSN
tendría que haber calificado las sanciones como "muy graves" ya que
del escape (sucedido a finales de 2007 y que la central ocultó
durante varios meses incluso al propio CSN) se ha derivado un
peligro grave para la seguridad o la salud de las personas y para
el medio ambiente. Sin embargo, con este expediente sancionador el
CSN redunda en la actitud que ha elegido desde el primer momento:
minimizar la relevancia del accidente en beneficio de los
propietarios de la central nuclear.
El análisis realizado por Greenpeace a partir de los datos
proporcionados por el propio CSN demuestra que más del 86% de las
partículas calientes recogidas hasta principios de junio de 2008
(cerca de un millar, que es sólo una pequeña fracción del total de
partículas que se liberaron al medio ambiente), producían una
radiactividad suficiente como para superar los límites legales
aplicables a miembros del público en caso de contaminación interna.
Y más del 27% del total de partículas producirían dosis superiores
a 20 mSv, límite legal de los trabajadores en un año.
Para tres de esas partículas, el CSN consigna tasas de dosis de
nada menos que 1 mSv/h, que es el nivel mínimo para la
clasificación de zona naranja en una central nuclear, que es una
zona de permanencia estrictamente reglamentada. Estas tres
partículas darían lugar a unas dosis superiores a 216 mSv en 9
días, lo que equivale a 400 veces por encima del límite del
público. Estos niveles de radiactividad son suficientemente
elevados como para que también se deban analizar supuestos de
exposición y contaminación externa, ya que las dosis equivalentes
que producirían en órganos como la piel o las extremidades serían
muy elevadas, muy por encima de los límites aplicables.
Además, las sondas de detección de la Red de Vigilancia
Radiológica Ambiental (REVIRA) del CSN detectaron con total
claridad la fuga, incluso en sondas separadas por decenas de
kilómetros entre sí. Así pues, las gráficas comparativas de una
sonda ubicada en la propia central y de otra ubicada en la playa de
la Almadraba, a unos 50 kilómetros de la central, dan plena
constancia de que los picos de radiactividad medidos en ambas
estaciones no sólo no eran medidas espurias, como en su día aseguró
el CSN, si no que existe una evidente correlación entre los
momentos en los que se arrancó el sistema de ventilación normal del
edificio de combustible y las emisiones de radiactividad al medio
ambiente detectadas en ambas estaciones de la red.
A todas luces, gracias a la benevolencia del CSN, a Ascó I le va
a salir más barato pagar una multa ridícula por haber ocultado
conscientemente el escape radiactivo durante meses mientras
mantenía la central en marcha, que haberse comportado
responsablemente y haber parado la central cuando se produjo la
contaminación del sistema de ventilación a finales de noviembre de
2007"/, -ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña
Nuclear de Greenpeace.
Ante la operación irresponsable de Ascó I por parte de la
Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), Greenpeace exige al CSN y
al Gobierno que retire la licencia de explotación a ANAV y suspenda
cautelarmente la actividad de estas centrales nucleares.
En 2005, otro grave suceso en la central Vandellós II, también
gestionada por ANAV, supuso otro Nivel 2 en la INES. Ese suceso,
que fue calificado por el CSN como "el más grave después del
accidente de Vandellós I en 1989", también fue ocultado por ANAV
durante meses. El CSN reconoció, en una investigación
parlamentaria, que en el caso citado de Vandellós II, ANAV priorizó
sus intereses económicos a la seguridad y mantuvo esa central
funcionando en condiciones de "seguridad degradada".
A pesar del escándalo social y político que ello supuso, ANAV no
aprendió ninguna lección y siguió operando de forma irresponsable
sus centrales, como ha demostrado el escape radiactivo de Ascó I.
Al igual que entonces, el CSN y el Gobierno siguen actuando de
forma permisiva con las centrales nucleares.