España continúa vendiendo armas a países que no cumplen el Código de Conducta de la Unión Europea. El año pasado se exportó armamento a países en conflicto, como Colombia o Israel, a países con algún tipo de embargo o restricción en la importación de armas, como Sudán o Ghana, y a países donde no se respetan los derechos humanos, como Arabia Saudí.
El análisis de los datos oficiales sobre las exportaciones
realizadas en este periodo, constata que armas españolas y
productos y tecnologías de doble uso continúan llegando a países en
conflicto armado, con tensiones regionales o en los que existen
graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos, como
China, Israel, Colombia, Marruecos e Indonesia, entre otros. La
preocupación por el hecho de que se vendan armas a estos países es
aún mayor por la falta de información sobre el tipo de producto
exportado, la naturaleza del usuario final y sobre los criterios
valorados a la hora de aprobar esas exportaciones. Dicho nivel de
transparencia ya es ofrecido por otros países del entorno como
Reino Unido, Alemania y Bélgica.
Este análisis pone nuevamente de manifiesto la necesidad urgente
de que se apruebe en España una ley que permita conocer y controlar
eficazmente las transferencias de armas.
Opacidad en la información
Además de la demora en la publicación de los datos, Amnistía
Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace lamentan que el informe
del Gobierno no presente ningún avance en transparencia respecto a
los informes de años anteriores, lo que una vez más impide que
pueda conocerse públicamente con exactitud qué tipo de armas se han
vendido, a quién y con qué finalidad y, por tanto, realizar un
efectivo control del comercio español de armas.
Los datos ofrecidos por el ejecutivo tampoco incluyen
información sobre las ventas autorizadas y todavía no realizadas.
Los mismos serían imprescindibles para ejercer un control previo de
las exportaciones de armas, y no sólo a posteriori.
Las exportaciones de munición de caza y tiro deportivo tampoco
aparecen en la última información proporcionada por el Gobierno
sobre ventas de armas, a pesar de las reiteradas peticiones de
Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace de someter a
control este tipo de armamento.
Obuses a Colombia
Recientemente, un periódico español publicaba la noticia de la
venta a Colombia de obuses fabricados por una empresa asturiana,
destinados, según la noticia, a un batallón de artillería del
ejército colombiano. Es preciso que el gobierno explique con la
mayor prontitud esta exportación, dando los detalles concretos de
la venta, así como el tipo de producto y el destinatario. El
redactado actual del proyecto de ley no obliga al Gobierno a
ofrecer este nivel de detalle, lo que evidentemente limita
cualquier valoración sobre la conveniencia o no de dichas
exportaciones.
Colombia, junto a otros países, es desde hace años un destino
preocupante de las armas españolas. De confirmarse estas nuevas
ventas, el Gobierno habría ignorado una vez más, varios criterios
del Código de Conducta de la Unión Europea, por tratarse de un país
en el que existe un conflicto armado caracterizado por las graves
violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores
armados en el mismo (ejército, guerrilla y paramilitares).
Material policial a Guatemala
En la información oficial relativa al primer semestre de 2006
figura la venta de "otro material" a Guatemala por valor de más de
800 mil euros. Sin embargo, no es posible saber qué se ha vendido
exactamente a un país en el que se producen preocupantes
violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de
seguridad y altos niveles de impunidad ante estos abusos.
La categoría de "otro material" incluye diversas subcategorías y
productos de seguridad, policial y antidisturbios, como sustancias
incapacitantes, equipos de luz y sonido provocadores de
aturdimiento, dispositivos restrictivos del movimiento de los seres
humanos o equipos para provocar descargas eléctricas, entre otros.
Éste es otro claro ejemplo de la importancia de conocer con
exactitud cuál es el producto exportado y cuál será su uso
final.
Necesidad de mejorar la ley en trámite
Para impedir que las armas españolas lleguen a destinos
equivocados en los que puedan utilizarse para cometer violaciones
de los derechos humanos, para alimentar conflictos armados o avivar
tensiones regionales, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y
Greenpeace consideran que es imprescindible que se apruebe en
España una ley exigente que asegure la mayor transparencia y
control de las trasferencias de armas. Para ello, el proyecto de
ley presentado por el Gobierno a finales de 2006 deberá mejorar
sustancialmente durante su tramitación parlamentaria
incluyendo:
- Avances reales en transparencia de la información
exigiendo el detalle mínimo con que deberá el gobierno informar
sobre el tipo de producto exportado e información detallada sobre
el destinatario y uso final.
- Mayor control reforzando los criterios de denegación,
suspensión y revocación para impedir que las exportaciones de armas
españolas lleguen a destinos equivocados.
- Medidas para poner fin a la discrecionalidad de la Junta
Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de
Defensa y Doble Uso (JIMDDU) para autorizar exportaciones de armas
españolas.
- La creación de una Comisión Parlamentaria Permanente de
seguimiento, que reciba información actualizada de forma
trimestral.
Información adicional
El 29 de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el
proyecto de ley sobre comercio exterior de material de defensa y
doble uso, actualmente en tramitación parlamentaria. Las
organizaciones, que durante más de una década han reclamado la
aprobación de una ley que España que regule las transferencias de
armas, mostraron su decepción por un proyecto de ley poco ambicioso
que no presenta ningún cambio significativo con respecto de la
situación actual. En su informe "Una Ley con agujeros", las
organizaciones critican el proyecto de Ley del Gobierno y presentan
una serie de recomendaciones para el Gobierno y los grupos
parlamentarios que deben ser incorporadas a la futura ley del
comercio de armas si España quiere mostrar un compromiso real con
el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional
Humanitario. Paralelamente, en toda España miembros de las tres
organizaciones están organizando actos públicos y recogidas de
firmas dirigidas a los diputados de la Comisión de Defensa del
Congreso para que las peticiones sean escuchadas e incorporadas en
la nueva ley.