Comunicado de prensa - marzo 30, 2004
Greenpeace ha pedido al Gobierno en funciones que no presente el Plan Nacional de Asignación de Emisiones hasta que no sea consensuado con todos los agentes sociales, incluidas las organizaciones ecologistas.
Campaña de Greenpeace para proteger el clima
Al cumplirse mañana miércoles la fecha límite para la
presentación en Bruselas del Plan Nacional de Asignación de
Derechos de Emisión de CO2, Greenpeace recuerda que el Gobierno del
PP no ha cumplido el mandato de la Directiva de Comercio de
Emisiones, que obliga a que dicho plan especifique cómo se han
tenido en cuenta las observaciones del público, ya que el Gobierno
no ha presentado a las organizaciones ecologistas ningún
cuestionario para conocer su opinión, ni ningún borrador para
consulta. Por tanto, independientemente de que se cumpla o no con
la fecha límite, ya se ha incumplido la Directiva.
Desde que la Comisión Europea aprobó la Directiva, el Gobierno
ha enviado cuestionarios a los distintos sectores industriales y ha
mantenido reuniones con ellos, pero sólo en una ocasión el
Secretario de Estado de Energía, José Folgado, se reunió con los
ecologistas. En aquella ocasión, Folgado no quiso entrar a discutir
los contenidos del Plan de Asignación, aunque prometió que se
convocaría posteriormente a los ecologistas para discutir sus
planteamientos. Esa promesa no llegó a cumplirse.
"El Gobierno no puede ahora presentar nada en Bruselas que los
ecologistas hayamos siquiera visto, y mucho menos discutido ni
consensuado" -ha declarado José Luis García Ortega, representante
de Greenpeace en el Consejo Nacional del Clima- "El Plan de
Asignación es una herramienta clave para cumplir con Kioto, y su
elaboración debe ser transparente y participativa".
Greenpeace ofrece al nuevo Gobierno su colaboración para
participar en la elaboración del Plan de Asignación, así como en
las restantes cuestiones de política climática.
El comercio de emisiones es la principal herramienta de la Unión
Europea para cumplir el Protocolo de Kioto sobre cambio climático.
El Plan de Asignación de Derechos de Emisión de CO2 debe
especificar cuántos "derechos" se asignan a cada una de las
instalaciones y sectores afectados, de forma que los que emitan de
más se verán obligados a comprar los derechos equivalentes a su
exceso. Se trata de aplicar el principio de que "el que contamina,
paga".
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