Acción sorpresa en la central nuclear de Ascó (Tarragona)
Central nuclear de Ascó-2 (Tarragona)
Este incidente está relacionado con el ocurrido el pasado 30 de
septiembre cuando se detectó una fuga a la contención en una línea
de venteo del presionador porque es fruto también de un conjunto de
problemas técnicos y de errores humanos (de mala Cultura de
Seguridad). La fuga se produjo en el circuito primario, donde,
según las normas de seguridad, el nivel de fuga debe ser cero. Eso
forzó la Parada No Programada del reactor (para poder reparar la
fuga) y que Ascó-2 tuviera que notificarlo al CSN. Para Greenpeace
la nota de prensa que publicó ese día el CSN sobre el suceso era
intencionadamente confusa.
El pasado lunes, por algún motivo que el CSN todavía no ha
explicado, los técnicos de Ascó-2 quisieron medir el vapor
radiactivo que había estado fugando anteriormente. En la maniobra
para desviar el vapor y recogerlo se les escapó a la atmósfera. La
emisión de radiactividad fue significativa en comparación con lo
que se emite de gases nobles al cabo de un año y el fallo de
seguridad puede calificarse de grave.
"Las fugas en Ascó-2 demuestran, una vez más, que las centrales
nucleares son peligrosas, tanto por los problemas técnicos que
tienen como por los posibles fallos humanos que se producen. En
esta ocasión, la emisión de radiactividad al exterior no ha sido
catastrófica, pero podría suceder lo contrario en cualquier
momento. Por eso, la permisividad del CSN con las centrales
nucleares y sus esfuerzos por restar importancia a graves errores
como el cometido el pasado lunes no hace sino empeorar la
situación", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de
Energía de Greenpeace.
48 sucesos de seguridad en lo que va de año
En los nueve primeros meses del año se han producido 48 sucesos
notificables de seguridad al CSN en las centrales nucleares
españolas. Un número importante de ellos ha provocado paradas
forzosas de la central para corregir las deficiencias detectadas. A
pesar de ello, el lobby nuclear insiste en que el gran beneficio de
esta energía sucia es la supuesta estabilidad que aporta a la red
de alta tensión.
La central peor parada es la unidad 2 de la central de Ascó,
con 11 sucesos notificables, el último de ellos de particular
gravedad. Le sigue Vandellós-2, con 10 sucesos. Esto pone de
relieve el estado de desatención en el que se encontraba la central
nuclear antes del grave accidente de agosto de 2004, en el sistema
de agua de servicios esenciales, cuyas consecuencias e importancia
para la seguridad mantuvieron ocultas la dirección de la central y
el CSN durante meses, hasta que Greenpeace denunció los hechos en
febrero de 2005.
También hay que destacar el suceso ocurrido el pasado 28 de
septiembre en la central de Cofrentes, que viene a sumarse a otros
seis ocurrido este año en la central. En este suceso se produjo una
liberación de radiación al medio ambiente a través de una chimenea
del sistema de tratamiento de gases del condensador y una
importante contaminación de los edificios de turbina y
calentadores, que tuvieron que someterse a un riguroso control de
accesos para evitar que resultasen afectados trabajadores de la
central.
Mientras que en las nucleares no paran de ocurrir accidentes, el
CSN, el Gobierno y los responsables políticos permanecen ausentes.
En el 2005, en gran medida como consecuencia de la presión
mediática que suscitó el accidente de Vandellós-2, los grupos
políticos en el Congreso prestaron atención al deficiente
funcionamiento del CSN, organismo encargado de velar por la
seguridad de las nucleares.
Fruto de esos trabajos, el grupo de IV-IU-ICV planteó una
proposición de ley que se hacía eco de una iniciativa de Greenpeace
para reformar este organismo, mejorar así su eficacia y truncar su
lamentable dependencia de la industria nuclear. El Congreso tomó en
consideración esta propuesta en septiembre de 2005 con el apoyo del
Grupo socialista, pero, inexplicablemente, un año después su
tramitación permanece atascada, sin que se sepa muy bien por qué.
Tampoco se han tramitado las reformas necesarias para endurecer el
régimen sancionador de la ley de energía nuclear y evitar que se
repitan escándalos como las 818 infracciones que el CSN ha
perdonado en estos últimos años a las instalaciones, algunas de las
cuales podrían haber dado lugar a multas de hasta 600.000
euros.
Por el contrario, el Gobierno ha incumplido sus compromisos con
el Congreso, tramitando una revisión del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas impulsada por el CSN y hecha
a la medida de los intereses de la industria nuclear. Además, la
actual presidenta, María Teresa Estevan Bolea, que tiene que dejar
su mandato por cumplir 70 años, acaba de impulsar una
reorganización interna del cuerpo de funcionarios del organismo
para que el único criterio de promoción sea la antigüedad, sin
tener en cuenta criterios de mérito, dedicación o compromiso con el
servicio que presta el CSN. A unas semanas del final de su mandato,
todavía no se sabe si será José Ángel Azuara, actual
vicepresidente, quien la relevará, o si, por el contrario, éste
saldrá del CSN junto con la consejera Paloma Sendín, ya que la
duración de sus mandatos terminó a principios de año, pero siguen
en el cargo sin haber sido sustituidos o confirmados.
Greenpeace reitera que es imprescindible y urgente completar la
tramitación de la reforma del CSN y poner al frente del organismo a
alguien que pueda transformarlo en un servicio público eficaz,
riguroso, imparcial, transparente y participativo.
"Aunque cada vez es más urgente reformar el CSN para que sea un
organismo transparente y verdaderamente independiente de la
industria nuclear, el Gobierno y los representantes políticos
muestran un total desinterés por resolver esta situación e incluso
ignoran las repetidas llamadas de atención que realizan los medios
de comunicación", añadió Carlos Bravo.