Activistas de Greenpeace en la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.
El pasado mes de noviembre el Parlamento del Estado aprobó la
Ley 33/2007 de reforma de la Ley 15/1980
de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, impulsada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (IV-IU-ICV) en el Congreso
de los Diputados, con el apoyo de Greenpeace.
Entre los avances conseguidos en la nueva Ley de reforma del
Consejo de Seguridad Nuclear (a pesar de que el texto original fue
finalmente desvirtuado por el Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso) se incluye la obligación de los trabajadores de las
instalaciones nucleares y radiactivas de poner en conocimiento de
los titulares y, si estos no toman medidas, del Consejo de
Seguridad Nuclear, las deficiencias en la seguridad de las
centrales nucleares y demás instalaciones. La Ley 33/2007 remite a
un ulterior desarrollo reglamentario la concreción del
procedimiento para que los trabajadores puedan ejercer este derecho
que, además, queda establecido expresamente en la Ley 33/2007 como
un deber incuestionable.
Sin embargo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), desoyendo el
mandato legal, están tramitando una reforma del reglamento que
regula las instalaciones nucleares y radiactivas (el RINR) para que
incluya un procedimiento que dejaría al libre albedrío de los
trabajadores el ejercicio de esta obligación. Las alegaciones que
planteó Greenpeace al ministerio en el Trámite de Audiencia de la
norma fueron desoídas y la versión del RINR remitida por el
ministerio al Consejo de Estado, para su tramitación por la vía de
urgencia, mantiene un procedimiento de carácter voluntario.
Conocido el texto final del Reglamento de forma extraoficial,
Greenpeace se personó ante el Consejo de Estado como parte
interesada con el fin de reiterar las alegaciones que planteó en su
día al MITYC y que fueron desoídas entonces. El dictamen del
Consejo de Estado no deja lugar a dudas, reconociendo expresamente
que dicho derecho-deber es uno de los aspectos fundamentales de la
nueva Ley del CSN y que así se debe reflejar en el Reglamento y se
requiere al MITYC para que se haga eco del carácter de deber para
las personas al servicio de las instalaciones nucleares que tiene
la obligación de denunciar las deficiencias en la seguridad.
"Resulta evidente que el Consejo de Seguridad Nuclear, con la
connivencia del Ministerio de Industria, está haciendo todo lo
posible para dejar sin efecto uno de los avances más importantes de
la Ley de reforma del CSN, que se ha discutido durante más de dos
años en el Parlamento. Este hecho es de una extrema gravedad",
afirma Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear
de Greenpeace.
"El derecho-deber que plantea el nuevo artículo 13 de la Ley del
CSN no pretende, ni mucho menos, perseguir a los trabajadores. Todo
lo contrario. Por supuesto que los trabajadores ahora y siempre han
tenido el derecho de denunciar situaciones que pueden poner en
peligro su salud e incluso su vida, pero también tienen la
ineludible obligación de proteger la salud de las personas que
viven en los alrededores de estas peligrosas instalaciones y no
pueden permanecer ajenos a algo que es responsabilidad de todos,
tanto de los propietarios como de los trabajadores. Se trata, por
tanto, de buscar la colaboración y la complicidad de quienes
conocen de primera mano el estado de las instalaciones, para evitar
situaciones tan graves como las que se dieron en el 2004 en el
accidente de Vandellós II y en otros muchos sucesos ocurridos en
centrales nucleares españolas", añade Bravo.
Greenpeace denuncia el reiterado trato de favor que el CSN
mantiene hacia las empresas que explotan las centrales nucleares,
haciendo todo lo posible para que la reglamentación que se les
aplica no sea suficientemente rigurosa y aplicando con laxitud el
régimen sancionador, como viene ocurriendo reiteradamente cuando
sustituye multas por meras cartas de apercibimiento, que se limitan
a recriminar al titular sus incumplimientos.
En este sentido, Greenpeace reafirma su compromiso de denunciar
ante la opinión pública este tipo de actitudes por parte del CSN y
del MITyC, ya que es contrario a toda lógica que algo como la
denuncia por los trabajadores de deficiencias en la seguridad, que
es una obligación que lleva decenas de años implantada en la
legislación americana y que ha servido para detectar a tiempo
multitud de situaciones de riesgo, no resulte beneficioso también
en el contexto español, donde, por ejemplo, aún siguen en
funcionamiento 8 peligrosas centrales nucleares.
Greenpeace exige firmemente al Gobierno que tenga en cuenta en
toda su extensión el dictamen del Consejo de Estado, ya que, de
otra forma, sería cómplice de un fraude de Ley que, naturalmente,
sería objeto de recurso ante los Tribunales de lo
Contencioso-Administrativo.