Comunicado de prensa - junio 23, 2004
La Red de Parques Nacionales de la República Dominicana podría ver reducida su extensión en un 50% en las próximas semanas, de ratificarse una modificación de la actual Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pendiente de aprobación final. Esta reducción de las áreas protegidas se está realizando para favorecer los intereses de la corporación española Globalia (a la que pertenecen entre otras empresas Air Europa y Halcón viajes, propiedad de Juan José Hidalgo) que ha comprado terrenos para construir hoteles en áreas actualmente protegidas.
Destrucción de la Red de Parques Nacionales de la República Dominicana
Se da la circunstancia que la primera parcela en la que Globalia
quiere construir un complejo hotelero es la que alberga el Centro
de Recepción de visitantes del Parque Nacional del Este que se
construyó en 1992 con fondos aportados por la Agencia Española de
Cooperación (AECI). El Parque Nacional del Este es una de las
reservas que podría verse seriamente mermada con la nueva Ley.
Greenpeace ha puesto estos hechos en conocimiento del Gobierno
español a través de una carta dirigida a la Secretaria de Estado de
Cooperación internacional, Leire Pajín. En ella le solicita al
Gobierno que adopte todas las medidas para evitar que se lleve a
cabo el actual proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas, que
culminaría el desmantelamiento de la actual Ley, al autorizar la
actividad turística y la explotación minera en zonas que hasta
ahora gozaban de la máxima protección.
La organización ecologista Greenpeace considera lamentable para
la imagen de nuestro país que empresarios turísticos españoles
estén promoviendo el desmantelamiento de las áreas protegidas en la
República Dominicana, en vez de potenciar un modelo de desarrollo
sostenible en los lugares en los que ubican sus negocios. La
situación ha generado la alarma y la protesta en la República
Dominicana de organizaciones científicas, ecologistas y sociales,
así como de algunas embajadas extranjeras.
Greenpeace advierte de que debieran ser los propios empresarios
turísticos los que frenasen un proceso como el que está en marcha
en la República Dominicana. De no hacerlo, no sólo estárán dañando
de manera irreversible el medio ambiente, sino propia reputación en
todo el mundo.