Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam han entregado en el Parlamento más de 60.000 firmas en un CD pidiendo al Gobierno una ley sin “agujeros” que garantice el control y la transparencia del comercio español de armas.
La ley sobre el control del comercio exterior de material de
defensa y de doble uso obligará al Gobierno a aplicar los criterios
del Código de Conducta de la Unión Europea que no permiten
transferencias de armas a países en conflicto o donde se violen los
derechos humanos, entre otras limitaciones.
Las cuatro organizaciones instan al Gobierno español a cumplir
escrupulosamente con el espíritu y la letra de la nueva ley,
incluyendo el envío de información puntual y detallada al
Parlamento sobre qué material de defensa exporta España y a qué
destinos. En este contexto, las organizaciones recuerdan que
todavía está pendiente el envío al Congreso de los Diputados de las
estadísticas de exportaciones de armas relativas al primer semestre
de 2007.
Los aspectos más positivos de la ley:
- Se prohíben las ventas a países en conflicto, donde se violen
los derechos humanos o que estén sometidos a embargos
internacionales, entre otros criterios.
- Se incluye, entre el material sujeto a control, las armas y
municiones para caza y tiro deportivo.
- En el momento de denegar una transferencia a un país se tendrán
en cuenta los informes de organismos de Naciones Unidas en materia
de derechos humanos, así como los de organizaciones y centros de
investigación sobre paz, desarme y derechos humanos.
- Entre los documentos de control que se deben adjuntar a las
solicitudes de exportación, se incluyen cláusulas de no
reexportación, por las que el país receptor se compromete a no
vender o transferir estos productos a un tercer país. También debe
incluirse la información sobre países de tránsito y métodos de
transporte, una medida importante para evitar "desvíos" de armas.
Se podrán denegar esas autorizaciones cuando se trate de países
sobre los que hay evidencia de desvío de armas.
- El Gobierno se compromete a promover y a apoyar la prohibición
de las bombas de racimo. Asimismo, el Gobierno establece el
compromiso de apoyar la aprobación de un Tratado Internacional
sobre Comercio de Armas.
- En materia de transparencia, se elimina la referencia a la Ley
de Función Estadística Pública, que era hasta ahora el principal
argumento eximido por el Gobierno para no ofrecer mayor información
pública sobre el tipo de producto exportado. Este cambio abre la
puerta a que parlamentarios y ciudadanos dispongamos de información
detallada de qué material de defensa y doble uso exporta
España.
- Se amplia el control parlamentario. El Congreso, además de
recibir semestralmente y anualmente la información relativa a las
exportaciones oficiales, tendrá capacidad para evaluarla a través
de un dictamen con recomendaciones, a las que el Secretario de
Estado deberá dar respuesta en su comparecencia anual.
Los aspectos más negativos de la ley:
- En materia de transparencia, la ley no menciona de forma
explícita la obligación del Gobierno de dar información detallada
del producto exportado, haciendo únicamente referencia a
"categorías descriptivas".
- La JIMMDU1 (el organismo interministerial que autoriza o
deniega las autorizaciones) conserva la capacidad de eximir a los
exportadores de la presentación de los documentos de control en
ciertos casos. Sin embargo, es positivo que la ley incluya la
obligación del Gobierno de informar sobre los criterios utilizados
en la aplicación de las exenciones.
- No se contempla la obligatoriedad de documentos de control como
el certificado de destino y uso final.
- En materia de intermediación o corretaje, no se aplica el
principio de extraterritorialidad, que ampliaría su ámbito de
aplicación a los nacionales o residentes españoles que operen desde
el extranjero.
Más de diez años de campaña para exigir mayor transparencia y control de las exportaciones españolas
Hace poco más de una década, la información relativa al comercio
exterior de material de defensa era secreta y las transferencias de
armas no estaban sujetas al control político ni de la opinión
pública. La toma de conciencia de los ciudadanos y el trabajo de
diferentes organizaciones y de distintas fuerzas políticas
parlamentarias han permitido combatir el secretismo y avanzar hacia
una mayor transparencia y control. Desde el lanzamiento de la
campaña, cientos de miles de personas y decenas de instituciones
han apoyado esta petición.
El primer logro de la campaña fue la aprobación en 1997 de una
Proposición no de Ley en el Congreso en la que se pedía al Gobierno
que hiciera públicos los datos esenciales de las exportaciones de
armas. Hasta 1996, la información oficial sólo ofrecía el total de
esas exportaciones a cada país, sin detalle alguno de qué se
vendía.
A finales de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de
ley sobre comercio de armas dando cumplimiento a una proposición
no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados
el año interior. Las organizaciones acogieron con satisfacción esta
aprobación al tratarse de una demanda histórica. Sin embargo, el
proyecto presentado decepcionó por no introducir apenas avances con
respecto a la normativa existente, ignorando además las buenas
prácticas de otros países para un control efectivo de las
exportaciones.
En febrero de 2007, las organizaciones publicaron el informe
"Comercio de armas en España: Una ley con agujeros", en el cual se
analizaron las debilidades de la propuesta gubernamental y se
presentaron una serie de recomendaciones a los grupos
parlamentarios para mejorarla.
A lo largo de este año, activistas de las organizaciones han
realizado actos de campañas y recogidas de firmas en toda España
para pedir a diputados del Congreso que priorizaran el debate de
esta ley y tuvieran en cuenta las peticiones de las
organizaciones.
Amnistía Internacional, la Fundació per la Pau, Greenpece e
Intermón Oxfam valoran positivamente las modificaciones añadidas al
texto inicial aunque lamentan que no se haya conseguido el consenso
necesario en el Congreso para que la ley obligue explícitamente al
Gobierno a dar información detallada sobre el tipo de producto
exportado. Por ello, las cuatro organizaciones darán seguimiento al
desarrollo reglamentario de esta ley y a su aplicación para que
suponga un verdadero avance en materia de control y transparencia
de las exportaciones españolas de armas e impida transferencias
irresponsables.
Exportaciones de armas de 2006 a destinos preocupantes
Según los últimos datos oficiales, España vendió el pasado año
material de defensa por valor de más de 845 millones de euros, lo
que le sitúa en el octavo puesto entre los mayores exportadores de
armas del mundo. Una tendencia al alza en volumen de exportaciones,
confirmada por el Secretario de Estado de Comercio en su
comparecencia ante la Comisión de Defensa el pasado 11 de
diciembre, que se debería revertir en los próximos años.
España vendió 441.000 euros en material de defensa a Israel, un
millón de euros a Pakistán, más de 16 millones de euros a Marruecos
y más de 3 millones de euros a Venezuela. El informe oficial
explica que España ha vendido a estos países productos de distinto
tipo entre los que figuran aquellos de la categoría 4 "bombas,
torpedos, cohetes y misiles". Sin embargo, no se conoce con
precisión qué se exporta y en qué cantidad.
En el caso de Marruecos, los datos oficiales ofrecieron
información solamente sobre la mitad de las ventas, de las que se
dice que son "vehículos todo terreno para transporte". Se sigue sin
tener más información sobre el resto de los productos exportados.
En relación con las ventas de material y tecnologías de doble uso,
entre los destinatarios figuran países como Irán, Colombia, China o
Israel. Estos destinos difícilmente cumplirían con los requisitos
establecidos por la ley para autorizar una exportación de
armas.
En años anteriores, España vendió munición a Ghana por valor de
3,2 millones de euros. A pesar de su posible impacto negativo, así
como el riesgo de tráfico ilícito de esas armas a países vecinos-
algunos de ellos inmersos en situaciones de conflicto o
posconflicto armado- las ventas de estos productos no han estado
sujetas a ningún control por parte del Gobierno hasta la fecha. Con
la nueva ley, el Gobierno deberá no sólo someter a control las
ventas de armas de caza, tiro deportivo y sus municiones sino
informar al Congreso de las mismas.
MÁS INFORMACIÓN
Amnistia
Internacional
Intermón
Oxfam
Fundació per la Pau