A
las siete de la mañana de hoy, 30 activistas de Greenpeace y ANSE han
ocupado la planta desaladora que se está construyendo en la margen
izquierda de la Rambla de Valdelentisco, entre Mazarrón y Cartagena. Un
grupo de ellos han ocupado una de las grúas de construcción, donde han
desplegado una pancarta de 15 metros en la que puede leerse "DESTRUIR
PARA ESPECULAR". Otro grupo en cuatro zodiacs han bloqueado la draga
que trabaja sobre una pradera de posidonia y han pintado su casco con
el mismo lema. Por último buceadores han fotografiado la posidonia
amenazada.
Los
ecologistas denuncian que la desaladora, señalada como una de las
agresiones en el informe Destrucción a Toda Costa 2006, se está
construyendo dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) "La Muela-Cabo Tiñoso", a
pesar de que la Directiva 92/43/CEE de Hábitats impide en estos
espacios actuaciones que no vayan encaminadas a aumentar su grado de
conservación. Este proyecto ha sido denunciado ante diversos organismos
desde su inicio en 2005.
Greenpeace
y ANSE también denuncian que las obras actuales del emisario submarino
están causando daños a las praderas submarinas de Posidonia oceanica
(catalogada como hábitat de interés prioritario por la Directiva
92/43/CEE ) y Cymodocea nodosa (también protegidos por dicha
Directiva.). Aunque el proyecto asegura que el emisario está situado en
un "canal" donde no existe Posidonia, los mapas bionómicos publicados
por la Región de Murcia no recogen la existencia de este canal y
muestran una densa y continua pradera submarina en excelente estado. Un
hecho también constatado por buceadores de ANSE y Greenpeace hoy mismo.
El impacto continuará después de la obra, ya que el emisario submarino
evacuará la salmuera a sólo 175 metros del límite de la pradera de
Posidonia, el ecosistema marino más importante del litoral mediterráneo
porque reduce la erosión costera, mantiene la calidad del agua y es
área de cobijo y alimentación de centenares de especies.
"La
desaladora de Valdelentisco afecta a varios espacios que gozan del
mayor grado de protección, en tierra y en mar. El Ministerio de Medio
Ambiente no puede ser el patrocinador de la destrucción de la costa" , declaró Pedro García, portavoz de ANSE.
Además,
ambas asociaciones consideran que no está claro el destino del agua de
la Desaladora de Valdelentisco. Su capacidad inicial, de 50 hm3, se vio
primero ampliada a 57 hm3 y ahora se habla de 70 hm3. Inicialmente la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) aseguró que 20 hm3 se
destinarían al abastecimiento de la población y los otros 37 hm3
a regadíos infradotados. Un acuerdo firmado en el 2000 entre la
adjudicataria del proyecto, Aguas de la Cuenca del Segura, S.A.
(ACSEGURA), y Aguas Desaladas del Campo de Cartagena (ADECSA), cede 37
hm3 a esta empresa privada. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente
trata de recuperar esta cesión, porque la CHS sospecha que ADECSA1 no
puede acreditar cultivos legales a los que destinar el agua desalada,
ya que la Confederación tiene documentadas más de 1.300 ha(2) de
regadíos ilegales en Mazarrón.
Greenpeace
y ANSE consideran que el auténtico destino de parte del agua será la
especulación urbanística. Ya se conocen varios proyectos de
urbanización en esta zona. Recientemente el Ayuntamiento de Mazarrón
aprobaba la modificación del Plan General Municipal para permitir el
desarrollo de un proyecto de Hansa Urbana (participada por la CAM) para
la construcción de 5.000 viviendas y un campo de golf en la margen
derecha de la Rambla (donde los técnicos de Medio Ambiente propusieron
que se construyera la planta desaladora). Por otra parte, la empresa
Polaris World ha comunicado al Ayuntamiento de Alhama que tiene
comprometidos 1,8hm3/año de la desaladora.
Otra
de las ilegalidades del proyecto reside en que se está construyendo
sobre una rambla que no ha sido deslindada todavía por la CHS. Pero
ésta no es la única edificación en esta rambla. En el propio cauce, a
escasos 50 metros de la playa, la CHS permitió hace cinco años la
construcción de 5 torres de apartamentos llamados "Rosa de los Vientos"
a cargo de la inmobiliaria Costa Cálida Exclusivas Mediterráneas, que
han conseguido sortear todas las denuncias que se han presentado contra
ellas sin expediente sancionador alguno, a pesar de estar construida en
plena zona de inundación.
"Una
infraestructura financiada por el Ministerio de Medio Ambiente tiene
que cumplir escrupulosamente con las leyes asegurando que los caudales
desalados no se emplearán en actividades ilegales en manos del supuesto
mercado negro del agua de Murcia que está siendo investigado por la
Fiscalía de Madrid", añadió Julio Barea, portavoz de Greenpeace.
Greenpeace y Anse demandan:
-
La demolición de la parte de la planta desaladora situada dentro del
espacio protegido LIC Y ZEPA Sierra de La Muela - Cabo Tiñoso.
-
Adecuación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la nueva
capacidad de la desaladora (70 hm3), ya que supondrá un aumento de las
afecciones negativas.
-
Un informe del Instituto Español de Oceanografía sobre la incidencia
del emisario submarino en la pradera de Posidonia oceanica en la Bahía
de Mazarrón.
-
Un estudio del Ministerio de Medio Ambiente y de la Comunidad Autónoma
sobre las necesidades reales de agua de toda la zona a la que tiene
previsto servir la desaladora.
-
La realización por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura de
un mapa de la distribución y canalización del agua de esta zona.
- Una auditoría anual, por parte de la CHS, que compruebe la distribución del agua desalada para usos autorizados.
-
Un informe técnico del Instituto Geológico y Minero de España de la
geología y la geomorfología del área de inundación próxima a la
desembocadura de la rambla, en el que se incluya el mapa de riegos con
los periodos de retorno de 100 y 500 años. Este informe debe servir a
la CHS para establecer de forma clara la zona de Dominio Público
Hidráulico.
-
El compromiso escrito de las Administraciones autonómica y central de
que el agua procedente de la desaladora no sirva para permitir nuevos
desarrollos urbanísticos.
(1)
Al frente del Consejo de Administración de ADECSA está José Cánovas
Ruíz, propietario de la Sociedad Agrícola de Transformación La Forja,
sobre el que pesan una veintena de expedientes por regadíos ilegales.
También aparece en el sumario del presunto robo de agua en la cuenta
del Segura que investiga el fiscal jefe del TSJ de la Región de Murcia.
(2)
Propuesta de inicio de expediente de extinción de derecho no ejercido.
Exp. INF. 167/04 de 28/07/04, remitido por el Jefe de Autorizaciones y
concesiones al Comisario de Aguas de la CHS.