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Una nueva prealerta de emergencia en la central de Cofrentes demuestra el fracaso de las medidas del CSN y de Iberdrola

Greenpeace recuerda a Zapatero que el ATC no es imprescindible y que en la Comunidad Valenciana hay un rechazo institucional unánime al cementerio nuclear

Comunicado de prensa - octubre 1, 2010
Greenpeace denuncia que la nueva prelaerta de emergencia declarada anoche en la central nuclear de Cofrentes, por el fallo de las válvulas de seguridad del circuito primario –la “enésima” que se produce por el mismo motivo en los últimos años– demuestra el fracaso de las medidas de seguridad del CSN e Ibedrola (empresa propietaria de la planta).

imagen área de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia

Hace meses, el CSN e Iberdrola anunciaron que ya habían solucionado este mismo fallo en el sistema de seguridad. Ahora, lejos de aclarar lo sucedido, el CSN se ha limitado de nuevo a sacar una escueta nota idéntica a las que ha emitido en otras ocasiones por el mismo fallo, en la que no aclara el origen del suceso.

"La reiteración de fallos en componentes fundamentales para la seguridad de la central nuclear de Cofrentes y la acumulación de sucesos de seguridad son una muestra evidente de que es una central envejecida y de funcionamiento peligroso", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.

Por otro lado, tras conocer las declaraciones de esta mañana del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el cementerio nuclear centralizado (ATC) y la candidatura de Zarra, Greenpeace quiere recordar al presidente que el ATC no es imprescindible, puesto que existen otras opciones de almacenamiento temporal de los residuos nucleares menos peligrosas y más baratas que el ATC, como son los almacenes individualizados (ATI). Además, la Comunidad Valenciana ya ha dado muestras claras de su rechazo a la instalación del ATC en su territorio.

Esta oposición de Valencia es similar a la vivida en el resto de comunidades autónomas con candidatos al ATC, por lo que Greenpeace pide al Gobierno que anule el proceso promovido por el Ministerio de Industria ante el rechazo social, territorial y político del mismo y la vulneración de las leyes en vigor sobre participación pública en materias ambientales.

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