Greenpeace y la Plataforma contra el cementerio nuclear de Zarra piden a Camps que Valencia no se convierta en el cementerio nuclear de España.
Greenpeace recuerda que el proceso desarrollado por el Ministerio de Industria ha vulnerado la legislación vigente sobre participación del público en materias ambientales (Convenio de Aarhus, que es ley en España desde 2005), motivo por el cual la organización inició un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.
Asimismo, la organización ecologista reitera la peligrosidad de esta instalación y la necesidad de poner en marcha un plan urgente de cierre progresivo de las nucleares con el fin de reducir la producción de los residuos radiactivos y generar un amplio consenso social territorial y político.
"Además de ignorar el rotundo rechazo social, territorial, institucional y político al cementerio nuclear en esas comunidades autónomas, el Gobierno parece empecinado en seguir adelante con un proceso que vulnera la legislación vigente en materia de participación pública", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
A la vista de las decenas de manifestaciones y concentraciones celebradas contra el cementerio nuclear desde que a finales de diciembre se iniciara el proceso del ATC, y tras la aprobación en ese mismo sentido de multitud de declaraciones institucionales de todos los Gobiernos autonómicos con municipios candidatos y sus respectivos Parlamentos, así como de Diputaciones provinciales, Consejos Comarcales y Ayuntamientos, es obvio que no existe consenso alguno a favor del ATC. Según Greenpeace, lo que resulta evidente es que este proyecto ha generado ya un amplio rechazo social, territorial y político.
Greenpeace seguirá denunciando la ilegalidad de este proyecto en los Tribunales (continúa en marcha un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional) y el carácter antidemocrático del proceso emprendido por el Ministerio de Industria, al mismo tiempo que animará a la ciudadanía a continuar con la movilización ciudadana.
Los residuos radiactivos de alta actividad son un producto inevitable de las centrales nucleares. La industria nuclear los ha producido irresponsablemente sin saber qué hacer con ellos durante sus más de 50 años de existencia. Son un producto muy peligroso, debido a su elevado potencial radiotóxico y a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) ha calculado el coste de su gestión en España, solo hasta 2070, en más de 13.000 millones de euros (de dinero público).
Greenpeace considera que el ATC es una instalación muy peligrosa. Los procesos de manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior del cementerio implican riesgos de accidente, además de la contaminación radiactiva rutinaria que se produciría, incluida la emisión de gases radiactivos al exterior.
Además, los residuos radiactivos se tendrían que transportar desde cada central hasta el cementerio en tren o por carretera, lo que expondría a la ciudadanía al riesgo de escape radiactivo en caso de accidente o sabotaje. Los contenedores de transporte tienen serias deficiencias en cuanto a su resistencia a choques y al fuego. Los estándares del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) son fácilmente superables: resistencia a un choque con una superficie plana a un máximo de 50 Km/h; resistencia a un impacto sobre una superficie metálica punzante a un máximo de 16 Km/h; y resistencia a un fuego de 800 ºC durante tan solo un máximo de 30 minutos.
Por otra parte, el "Centro Tecnológico Asociado" sería en realidad una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación (proceso aún en fase experimental), lo que provocaría riesgos adicionales de accidentes y la generación de nuevos residuos radiactivos.