El Gobierno exportó en 2009 material de defensa y doble uso por valor de más de 1.491 millones de euros a Israel, Sri Lanka y Marruecos entre otros destinos, según un informe de varias organizaciones
"Las ventas aumentaron un 33,37% respecto a 2008. Pero si se tienen en cuenta únicamente las ventas de armamento, éstas se han incrementado un 44%. Lo que se traduce en la mayor cifra de exportaciones den armas desde que se realizan este tipo de controles", asegura Francisco Yermo de Intermón Oxfam.
No obstante, las organizaciones mantienen su valoración positiva de la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. Así, el informe señala los avances en la transparencia de los datos de exportaciones y en la información individualizada sobre las denegaciones de ventas como dos de los aspectos más positivos de la aplicación de la norma.
"Las estadísticas de 2009 incluyen información detallada sobre las exportaciones realizadas en material de defensa por un importe superior a 10 millones de euros. Actualmente, el número de países y operaciones de los que se tiene información más detallada de lo habitual es más elevado que antes", añade Yermo.
En cuanto a las denegaciones de autorizaciones de venta, el estudio destaca positivamente la información individualizada aportada en los casos de Costa Rica, Georgia y Siria. Durante el pasado año se revocaron cuatro licencias de armas ligeras a Costa Rica, por riesgo de desvío no autorizado o reexportación; una licencia de armas anticarro y municiones a Georgia, por riesgo de quebrar la paz, seguridad y estabilidad regional, y un equipo de descontaminación a Siria por los dos motivos anteriores.
"Además, el Gobierno ha aportado información sobre las denegaciones en cartuchos de caza para Guinea Conakry, una vez se decretó el embargo internacional correspondiente. Y en las referentes a la venta de material de doble uso a Egipto, Irán, Pakistán, Siria y Yemen"", dice Sabina Puig de Amnistía Internacional.
Lo más alarmante es que se han seguido exportando cantidades muy significativas de material de defensa y de doble uso a destinos preocupantes porque están en conflicto armado, sufren situaciones de grave inestabilidad interna o en ellos se producen violaciones de los derechos humanos, entre otros motivos. "Estas operaciones deberían denegarse de acuerdo a la Ley, pues ésta especifica con nitidez en su artículo 8 los destinos a dónde no debería venderse material de este tipo", señala el portavoz de Fundació per la Pau, Jordi Armadans.
Algunos de estos países a los que España vendió armas en 2009 son: Angola, Arabia Saudí, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Georgia, Ghana, Guinea Conakry, Indonesia, Irán, Israel, Líbano, Malasia, Marruecos, Pakistán, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Turquía y Venezuela. Si bien el Gobierno ha identificado "destinos de especial sensibilidad" las organizaciones echan en falta que el Gobierno incluya en la lista a Colombia, China, Indonesia, Irán y Marruecos.
Israel: exportaciones que se alejan de las buenas prácticas
Israel cometió crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional en la Franja de Gaza durante la ofensiva militar Plomo Fundido, desarrollada entre diciembre de 2008 y enero de 2009. En ella murieron más de 1.380 palestinos, entre los que se contaban centenares de civiles, incluidos más de 330 niños y niñas. Durante 2009, las fuerzas israelíes continuaron imponiendo severas restricciones a la libertad de circulación de la población palestina ocupada, obstaculizaron su acceso a servicios esenciales y a menudo impidieron la entrada de asistencia humanitaria y ayuda internacional a Gaza. Estas restricciones han continuado a lo largo de 2010. Por otro lado, el 31 de mayo de 2010, las fuerzas armadas israelíes atacaron una flotilla que transportaba ayuda humanitaria en aguas internacionales frente a la costa de Gaza, causando la muerte de 10 activistas.
España realizó en 2009 exportaciones a Israel por valor de unos 800.000 euros, de los que 624.000 correspondieron a la categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes y misiles), y más de 120.000 a cartuchos de escopeta. Del total, un 78% se dirigió a las Fuerzas Armadas del país. El Ministerio de Industria Comercio y Turismo (MITC) justifica estas operaciones argumentando que las Fuerzas Armadas israelíes no son el destinatario final de estas exportaciones, sino que el destino real está relacionado o con la OTAN o con España.
"Es preocupante el volumen de operaciones de exportación que se autorizaron durante 2009 pero no se realizaron: 2,8 millones de euros, de los cuales 2,5 millones pertenecen a la categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes y misiles). Es posible que estas operaciones estén realizándose precisamente ahora", concluye Mabel González de Greenpeace.
El informe recoge que, según un estudio realizado por Justícia i Pau, en los diez años de vigencia del Código de Conducta europea sobre exportaciones de material de defensa (1998-2008, año en que pasó a convertirse en Posición Común), los Estados miembros han denegado 260 licencias de exportación de material de defensa a Israel. Entre 2000 y 2008, sin embargo, España autorizó 109 licencias, sin que conste que hayan existido denegaciones.
Sri Lanka: prevenir antes que "curar"
España realizó en 2009 exportaciones por valor de 102.000 euros en la categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes y misiles) destinadas a las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Además, se autorizaron ventas por 1,29 millones de euros en la misma categoría a pesar de la situación de conflicto del país asiático.
En mayo de 2009 la guerra entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres Tamiles entró en su fase final. Durante este periodo ambas partes cometieron crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos de personas desplazadas (desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos, reclutamiento forzoso, violencia sexual). Según Naciones Unidas, entre enero y mayo murieron más de 7.000 civiles y otros 14.000 resultaron heridos.
El MITC decidió no autorizar más operaciones a Sri Lanka a partir de mayo. Aunque las organizaciones lo valoran positivamente, consideran que este comportamiento refleja un enfoque reactivo al problema, frente al preventivo que sería deseable.
"Evidentemente es importante no conceder más autorizaciones de exportación cuando el conflicto ya es abierto, pero esto no es suficiente. Sería recomendable analizar cada operación caso a caso, teniendo en cuenta informes serios y creíbles sobre la situación de cada país de destino, con el objeto de denegar exportaciones cuando exista riesgo de que se puedan utilizar para violar los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta la situación del país receptor, las garantías recibidas de uso final, etc.", apunta Sabina Puig de Amnistía Internacional.
Otros destinos preocupantes
Marruecos aumentó en 2009 los ataques contra la libertad de expresión, asociación y reunión en relación con cuestiones consideradas sensibles para la seguridad interna y externa del Estado, según Amnistía Internacional. Además las autoridades intensificaron las restricciones impuestas a quienes propugnaban la autodeterminación del Sahara Occidental. Sin embargo, el pasado año se realizaron exportaciones de más de 30 millones de euros, entre ellos 28 millones en vehículos terrenos, y 1,7 millones en aeronaves. Además, se autorizaron otros 50 millones más en aeronaves. Se desconoce qué tipo de garantías ha recibido el Gobierno español de que este material no va a ser utilizado en acciones que puedan vulnerar los derechos humanos.
Guinea Conakry fue durante el año 2009 un destino preocupante. En 2008 hubo un golpe de Estado condenado por la comunidad internacional y el país fue incluso suspendido de su participación en la Unión Africana. En septiembre de 2009, la policía reprimió una manifestación de forma brutal y se cobró la vida de más de 150 personas. La Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO) impuso el 17 de octubre un embargo de armas al país, que fue seguido de otro de la Unión Europea diez días más tarde. No obstante, durante 2009, Guinea Conakry compró a España cartuchos de escopeta por un valor de 4,1 millones de euros, cuyo destinatario fueron empresas privadas. Otros 3,2 millones fueron autorizados por el mismo concepto. La exportación de cartuchos de escopeta a este país es muy preocupante, por las posibilidades de que contribuya a empeorar la situación de tensión interna existente o incluso puedan pasar a manos de las fuerzas de seguridad.
Tailandia vivió una grave inestabilidad interna el pasado año. El estado de excepción y los enfrentamientos entre manifestantes y el ejército han continuado durante 2010. En varias ocasiones se estableció el estado de emergencia y se invocó la ley de seguridad interna, y la policía utilizó fuego real contra los manifestantes, lo que causó un gran número de heridos. Hubo graves abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad e insurgentes armados en el marco del conflicto en el sur, que ya se ha cobrado 4.000 vidas en los últimos seis años, afectando especialmente a la población civil. Las organizaciones han reclamado reiteradamente que se suspendan las exportaciones a este país. Sin embargo, se vendieron más de 155.000 euros en armas de calibre inferior a 20 mm. Su destinatario fueron las Fuerzas Armadas. Según el informe del MITC, se trata de repuestos para aeronaves y repuestos para armas pequeñas, destinados a la Armada. Igualmente se autorizaron exportaciones por más de 50 millones de euros, correspondientes a aeronaves.
Celebración sesión preparatoria del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas
Mientras se presenta este informe sobre las exportaciones españolas en 2009, se está celebrando en la sede de la ONU en Nueva York el primer período de sesiones del Comité Preparatorio para un Tratado sobre el Comercio de Armas, que finalizará mañana viernes 23 de julio. Es la primera deliberación formal entre Estados sobre el contenido del Tratado propuesto. El Comité Preparatorio celebrará otros tres períodos de sesiones a lo largo de 2011 y 2012, seguidos de una conferencia para la negociación del Tratado en 2012.
Las organizaciones que dan apoyo a un Tratado sobre el Comercio de Armas piden que éste sea un instrumento internacional estricto y efectivo, jurídicamente vinculante que agrupe y consolide las obligaciones que han de cumplir actualmente los Estados en virtud del derecho internacional. Si se aplica bien, el Tratado reducirá el coste humano de la proliferación de armas convencionales. Impedirá que los proveedores de armas sin escrúpulos encuentren el punto débil de los sistemas de suministro, y garantizará que todos los exportadores e importadores de armas se atienen a estrictas normas comunes sobre el uso, la gestión y la transferencia de armas, lo que hará posible un mundo más seguro.