Activistas de Greenpeace detienen la descarga del mercante C.Summit en Tarragona para pedir que no se queme más carbón y denunciar la política energética española, que subvenciona el combustible fósil que más contribuye al cambio climático.
"Como ya manifestó Greenpeace en sus alegaciones al Real Decreto, los problemas de garantía del suministro en los que este se fundamenta son inexistentes" ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. "Según los datos oficiales de Red Eléctrica de España, el suministro está garantizado y nuestro país ha sido y sigue siendo exportador neto de electricidad, por lo que no hay razón para subvencionar el carbón" ha concluido Vila, quien considera que, incluso en caso de que existiera un problema de suministro energético en España, este nunca debería garantizarse subvencionando al mayor emisor de CO2.
Greenpeace considera necesario que la Comisión Europea conozca los datos que demuestran la falsedad en la que se basa el Real Decreto, después de que miembros destacados de los departamentos de medio ambiente, energía, cambio climático y telecomunicaciones de este organismo manifestaran tener serias dudas acerca de la realidad de los problemas de garantía del suministro a los que alude el Gobierno español. Miembros de la Comisión Europea han declarado que es "moralmente obligatorio" esclarecer este asunto antes de dar el visto bueno a la aprobación del Real Decreto, dadas las alteraciones que esta normativa significaría para el mercado energético español.
"Es una vergüenza que el Gobierno español diga que cuesta demasiado dinero incentivar el desarrollo de las renovables mientras planea aumentar las subvenciones al carbón con cargo a la misma tarifa eléctrica" ha declarado José Luís García Ortega, responsable de proyectos de energía limpia de Greenpeace, quien también ha destacado que el coste de ayudas que el gobierno pretende dar al carbón sería mayor que el ahorro que quiere imponerle a la energía solar fotovoltaica.
La organización ecologista destaca la falta de criterio que implica aprobar más de 4.500 millones de ayudas a los principales emisores de CO2 con cargo del consumidor final, en lugar de destinar los mismos fondos a promover la energía renovable y a reducir las emisiones que, según la Comisión Europea, es la forma de luchar conjuntamente contra el cambio climático y la crisis económica (1).
Además, Greenpeace considera inaceptable el apoyo del Gobierno español al carbón después de que Zapatero se comprometiera, en el G8 de septiembre de 2009, a eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles. "El gran problema del sistema eléctrico español no es la falta de garantía de suministro sino el empeño del Gobierno por premiar a las fuentes energéticas más contaminantes, mientras obstaculiza el crecimiento de aquellas que pueden salvarnos del cambio climático y de la crisis: las energías renovables" ha concluido Vila.
En febrero de 2010, la Comisión Europea señaló varias modificaciones que el Gobierno español debía introducir en el Real Decreto, la primera versión del cual había sido aprobada prescindiendo totalmente del informe europeo preceptivo. El nuevo texto es el que se encuentra actualmente pendiente del informe de la Comisión Europea, fase en la que algunas áreas clave de la Comisión han apreciado indicios que ponen en duda la veracidad de los supuestos en los que se fundamenta el Real Decreto, por lo que se plantean realizar un análisis mucho más amplio que comprenda un estudio del sistema eléctrico español en cuanto a garantía de suministro.
(1) Análisis del documento en el que la Comisión Europea valora aumentar el compromiso europeo de reducción de emisiones al 30%.
http://www.greenpeace.org/espana/reports/100526