Greenpeace y las plataformas piden a Juan Vicente Herrera que se posicione claramente en contra de la instalación del cementerio nuclear en Castilla y León.
Ayer mismo, 24 horas después de que Greenpeace, la Plataforma Anticementerio Nuclear Tierra de Campos Viva, y la Plataforma Antinuclear Norte de Palencia entregaran en la Presidencia de la Junta de Castilla y León más de 17.000 firmas contra el ATC, el presidente Juan Vicente Herrera -durante el Debate sobre el Estado de la Región- aseguró que no permitirá "de ninguna manera" la instalación del ATC en su comunidad autónoma. Herrera afirmó que: "Basta de tomaduras de pelo. La Junta dice 'no', de ninguna manera, a la instalación del ATC".
Hoy, la portavoz del PP en las Cortes, María Jesús Moro, calificó el proceso emprendido por el Ministerio de Industria para adjudicar al ATC de "oscurantista" y afirmó, con respecto al mismo, que: "Permite vender a los municipios diciendo: te vamos a dar mucho dinero, acepta y luego veremos que viene después".
Greenpeace coincide plenamente con esa valoración del proceso seguido por el Ministerio de Industria, motivo por el cual ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, ya aceptado. El proceso vulnera claramente el Convenio Aarhus, un convenio internacional, adoptado por la Unión Europea, y ratificado por España en 2005, y que regula la participación del público en materia ambiental.
"La ya clara oposición de la Junta de Castilla y León al cementerio nuclear y la tajante resolución de las Cortes castellano-leonesas en ese sentido, son una nueva demostración del amplio rechazo institucional, político, territorial y social a este proyecto del ministro Miguel Sebastián", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la Campaña de Energía Nuclear de Greenpeace.
Greenpeace demanda también al Ministerio de Industria la eliminación inmediata de Congosto de Valdavia, Santervás de Campos y Melgar de Arriba de la lista de municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear centralizado, candidaturas sobre las que, además, recaen estas graves irregularidades:
Congosto de Valdavia (Palencia): su candidatura viola las normas urbanísticas municipales puesto que su artículo 100 impide que se pueda instalar un almacén de residuos radiactivos en los términos del municipio.
Santervás de Campos y Melgar de Arriba (Valladolid): existen pruebas que demuestran que algunos concejales partidarios al cementerio nuclear están ofreciendo sus propios terrenos para ubicar en ellos la instalación, al mismo tiempo que se aseguran una remuneración tres veces superior a lo que establece el mercado por ese suelo rústico.
Para Greenpeace estos hechos son una demostración inequívoca de que el proceso ideado y puesto en marcha por el Ministerio de Industria, además de fomentar la falta de transparencia y la desinformación, ha estimulado comportamientos ilegales y la especulación urbanística, al tentar a los alcaldes con dinero público.
Por último, la organización ecologista quiere señalar que la Junta de Castilla y León se equivoca al tratar de mantener abierta la obsoleta y peligrosa central nuclear de Garoña, cuyo cese definitivo está fijado para 2013. "La Junta debería abandonar su apuesta por una energía tan sucia y peligrosa como la nuclear y avanzar hacia una Castilla y León 100% renovable", ha concluido Bravo.