Comunicado de prensa - junio 2, 2010
La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo emitió ayer un informe sobre la visita que realizó en febrero a Huelva tras las denuncias de Greenpeace y otros dos colectivos onubenses. Las conclusiones del mismo son claras y señalan como principales responsables del desastre, sanitario y ambiental que vive la ciudad, a las Administraciones españolas y a la empresa Fertiberia.
Toma de muestras en la estación de muestreo ST0 en Corrales (marismas). Expertos del laboratorio francés CRIIRAD especializado en investigación y medición de la radiactividad han confirmado la gravedad del problema radiactivo generado por la empresa Fertiberia en las Marismas de Huelva, a causa de sus vertidos de fosfoyesos radiactivos (más de 120 millones de toneladas en unas 1.200 hectáreas de marismas).
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El informe de la Comisión afirma que en la zona existen riesgos que no han podido cuantificar y que las respuestas de Fertiberia fueron "bastantes evasivas" y que "no dieron satisfacción a los miembros presentes".
En la misma línea exigen a la empresa que facilite la inspección in situ de sus instalaciones a los denunciantes para que puedan indicar la localización de los puntos peligrosos y nocivos por fugas o contaminación.
Además, considera que los fosfoyesos son "residuos industriales" y que son "materiales tóxicos y ligeramente radiactivos", por lo que habría que realizar un estudio específico de la contaminación del suelo y del agua, incluidos los lechos de los ríos así como de la cuenca fluvial. El estudio debería, según el informe, cubrir toda la zona incluida el CRI-9, donde se encuentran los residuos radiactivos de Acerinox.
Los europaralamentarios destacan que la zona debe ser descontaminada para cumplir con las normativas europeas, y adoptar el principio de que "quien contamina paga" en clara alusión a la empresa causante del problema. Concluye, que cualquier estudio nuevo o futuro proyecto de planificación en la zona debería contar con la participación de los peticionarios y de afectados. Esta situación no se ha cumplido, ya que, por ejemplo, Greenpeace fue excluida del proceso de realización de los estudios para recuperar las marismas del río Tinto realizados por la Junta de Andalucía.
"De nuevo Bruselas da la razón a Greenpeace y pide a España que cumpla con sus obligaciones de salvaguardar la salud de los ciudadanos y el medio ambiente, además, han quedado demostradas las malas prácticas de Fertiberia. Nos preguntamos entonces ¿Hasta cuándo y quién más debe dictaminar que nos encontramos ante el mayor caso de contaminación industrial de Europa para tomar medidas?", ha declarado Julio Barea, responsable de la Campaña de Contaminación de Greenpeace.