Comunicado de prensa - febrero 26, 2010
Greenpeace ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso para impugnar la Resolución del 23 de diciembre de 2009 del Ministerio de Industria que daba inicio al proceso de búsqueda de candidatos para alojar el cementerio nuclear centralizado (ATC) y su centro de experimentación nuclear asociado.
Este proceso se ha caracterizado por la falta de transparencia y por haber evitado la participación pública desde el principio, además de por la actuación a espaldas de los ciudadanos y por la búsqueda negociada y en secreto de candidatos. Ejemplo de esto último ha sido la negociación de Industria con la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares, AMAC, mediante el ofrecimiento de compensaciones económicas con dinero público por parte del Ministerio de Industria a cambio de que Ascó y Yebra presentaran sus candidaturas.
En ese sentido, este proceso puede considerarse ilegal pues vulnera claramente los principios jurídicos contenidos en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (conocido como Convenio Aarhus), elaborado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado por España mediante instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en vigor en nuestro país desde el 29 de marzo de 2005.
El pasado 5 de febrero, activistas de Greenpeace realizaron una protesta pacífica ante el Ministerio de Industria para pedirle a su titular, Miguel Sebastián, que anulara su antidemocrático proceso de búsqueda de un emplazamiento para construir el cementerio nuclear, con el que sólo ha logrado cosechar un rotundo rechazo social y la ausencia total de consenso territorial y político al respecto. Ese día, Greenpeace anunció su intención de acudir a los tribunales si el Ministerio no replanteaba el proceso para ajustarse a la legislación vigente.
Sobre la falta de consenso territorial, la organización ecologista recuerda que todas las comunidades autónomas en las que se encuentran los nueve municipios que han presentado su candidatura han mostrado ya su rechazo a albergar en su territorio ese cementerio nuclear.
Por si no fuera suficiente la ausencia total de mecanismos de participación pública, ENRESA y el Ministerio de Industria han llevado a cabo una intensa campaña de desinformación con el fin de promocionar el cementerio nuclear (denominado "Almacén Temporal Centralizado", ATC), minimizando sus riesgos, exagerando sobre la urgencia del mismo y falseando aspectos económicos relacionados, como el verdadero coste de mantener en Francia los residuos radiactivos procedentes del reprocesamiento del combustible nuclear gastado de la central Vandellós-1 (cerrada en 1990 tras un accidente), enviados al país vecino desde 1972 hasta mediados de los 90. Además, estos organismos han obviado deliberadamente informar sobre la verdadera naturaleza del denominado "Centro Tecnológico Asociado" al ATC, en realidad una instalación experimental nuclear.