Comunicado de prensa - febrero 12, 2010
Quince activistas de Greenpeace han acudido esta mañana a la sede diplomática de Japón en Madrid, para entregarle al embajador una carta en la que la organización ecologista exige un juicio justo para Junichi Sato y Toru Suzuki, dos activistas japoneses de Greenpeace que denunciaron públicamente un caso de contrabando de carne de ballena en 2008.
Quince activistas de Greenpeace han acudido esta mañana a la sede diplomática de Japón en Madrid, para entregarle al embajador una carta en la que la organización ecologista exige un juicio justo para Junichi Sato y Toru Suzuki.
Los voluntarios portaban una pancarta en la que se podía leer "Juicio justo para Junichi y Toru", además de una ballena de 3,5 metros de largo realizada siguiendo el arte del origami.
El próximo lunes 15 de febrero comenzará el juicio contra Junichi y Toru, quienes, tras realizar una profunda investigación, revelaron que los miembros de la flota ballenera traficaban con carne de ballena procedente de la llamada caza "científica", que Japón realiza cada año en el Santuario Antártico.
Sorprendentemente, ambos activistas fueron procesados y acusados de haber robado la carne para venderla en el mercado negro (por lo que se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel), a pesar de haber entregado a la policía y a los fiscales todas las pruebas que demostraban sobradamente su inocencia.
Greenpeace exige que se celebre un juicio justo que respete los derechos fundamentales de los dos activistas y que se realice una investigación para determinar si el Gobierno japonés encubre la corrupción asociada al programa de caza "científica" de ballenas.
"Se debe juzgar la caza de ballenas, no a quienes demuestran su ilegalidad", ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña Océanos de Greenpeace. "Demandamos a la justicia japonesa un juicio justo y limpio, tal como se lo ha pedido la ONU y toda la comunidad internacional".
Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que el Gobierno de Japón había violado diversas leyes internacionales sobre derechos humanos en este caso, y reconoció que las acciones adoptadas por el Gobierno japonés prueban la existencia de corrupción (1).
Greenpeace exige además a Japón que finalice su programa de caza "científica" de ballenas, que cada año captura un promedio de 700 ballenas en el Santuario Antártico, y que está en contradicción con todos los tratados de protección de cetáceos.
Nota
(1) Dictamen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:
http://www.greenpeace.org/espana/reports/100210-02