España es uno de los países que posee y produce bombas de racimo. Varias empresas de nuestro país las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a dónde las venden.
Madrid/Barcelona.- Un estudio elaborado por Amnistía
Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau
sobre las estadísticas oficiales de transferencias de armas en 2008
confirma que España exporta material de defensa a destinos en los
que éste puede contribuir a cometer violaciones de derechos
humanos, exacerbar conflictos armados o deteriorar su desarrollo
sostenible. Según las organizaciones, el Gobierno sigue sin
facilitar información precisa sobre los criterios que han permitido
autorizar exportaciones a países con un historial preocupante como
Colombia, Israel, o Sri Lanka, entre otros.
Las organizaciones reclaman una vez más al Gobierno el pleno
cumplimiento de la legislación española, la normativa europea y las
obligaciones de España en virtud del derecho internacional a la
hora de autorizar o denegar licencias de exportación de material de
defensa y de doble uso.
En los próximos días, la Comisión de Defensa del Congreso debe
aprobar un dictamen con recomendaciones al Gobierno sobre las
estadísticas de exportaciones de armas. Se trata de las primeras
estadísticas anuales elaboradas por el Gobierno tras la entrada en
vigor de la Ley de comercio exterior de material de defensa y de
doble uso en España (Ley 53/2007).Los grupos parlamentarios ya han
presentado sus propuestas iniciales. El estudio de las
organizaciones incluye un decálogo de medidas en materia de
transparencia y control para lograr el total cumplimiento de la
legislación actual. Las ONG instan a los diputados y diputadas a
que aprovechen este instrumento de control parlamentario para pedir
más información sobre varias de las autorizaciones que tuvieron
lugar en 2008 y propongan medidas que fortalezcan, incluso
comenzando a reflexionar sobre un nivel preventivo, el control del
comercio de todo tipo de material de defensa, doble uso y "otro
material", nunca que lo debiliten.
Según el informe de las últimas estadísticas anuales presentadas
al Congreso de los Diputados, en 2008 se realizaron transferencias
de material de defensa por valor de 934 millones de euros, una
cifra ligeramente superior al año anterior a pesar de la crisis
económica. Según el prestigioso Instituto Internacional de Estudios
para la Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research
Institute, SIPRI), esta cifra coloca a España como el sexto país
exportador mundial, por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania,
Francia y el Reino Unido.
En 2008, España autorizó transferencias material de defensa,
otro material y armas de caza y tiro deportivo por importe de más
de 3.000 millones de euros, casi el triple de las operaciones
realizadas ese año. Esto significa que hay una serie de operaciones
que fueron aprobadas pero no se materializaron en 2008.
Avances
Las cuatro organizaciones valoran positivamente que las
estadísticas anuales incorporen los datos sobre las transferencias
de armas de caza y tiro deportivo y sus municiones, sometidos a
control por primera vez en 2008, e información sobre las razones
que han motivado varias denegaciones de exportación. También es
positivo el compromiso del Gobierno y del Parlamento español para
poner fin a la fabricación y exportación de bombas racimo tal y
como marca la nueva Convención para la prohibición de las bombas de
racimo, que España ratificó el pasado 17 de junio. "La entrada en
vigor de la ley ha conllevado avances en materia de control
parlamentario y transparencia reflejados en las estadísticas
oficiales de 2008. Sin embargo, todavía hay un largo camino por
recorrer para cumplir plenamente con la legislación", señala
Francisco Ortego, portavoz de Amnistía Internacional.
Criterios opacos
Es de especial preocupación que el Gobierno no facilite al
Congreso de los Diputados información sobre los criterios que ha
tenido en cuenta para dar luz verde a licencias de exportación de
armas a países inmersos en conflictos armados, en contra de lo
estipulado por la ley. Entre estos casos, destacan las ventas que
España autorizó y realizó en el 2008 bajo categoría de "aeronaves"
a Colombia (110 millones de euros de licencias autorizadas y 31
millones de euros realizadas) o las autorizaciones de material de
la categoría "bombas, torpedos, misiles y cohetes" por valor de
casi 4 millones de euros a Sri Lanka.
También es preocupante que el Gobierno español, aunque ha
ofrecido explicaciones sobre el destino y material exportado, siga
sin plantearse la urgente necesidad de suspender las exportaciones
de material de defensa y doble uso a Israel (157.200 euros
autorizados y 2,3 millones euros realizados en el 2008) hasta que
no haya garantías fiables de que no se utilizarán para cometer
violaciones del derecho internacional humanitario; y las
autoridades de este país colaboren con las investigaciones para
esclarecer las violaciones de derechos humanos perpetradas durante
la crisis de Gaza.
"Es imprescindible que el Gobierno explique con detalle en qué
se ha basado para decidir que todas estas autorizaciones cumplen
con la ley y denegar aquellas solicitudes que claramente son
contrarias a la legislación. Y el Congreso de los Diputados debe
insistir sobre ello a través del próximo dictamen y otros
mecanismos de control parlamentario", afirma Francisco Yermo,
portavoz de Intermón Oxfam.
Material de caza y tiro deportivo y sus municiones: hay que
avanzar en el control. Una de las novedades del informe de
estadísticas del Gobierno es la incorporación de información sobre
exportaciones de material de caza, tiro deportivo y sus municiones
al estar estas sometidas a control desde la aprobación de la ley
53/2007. Las organizaciones valoran muy positivamente que por fin
se sometan a control las ventas de este tipo de material cumpliendo
así con el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de
armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, adicional a
la Convención de las Naciones Unidas. Sin embargo, son
preocupantes las propuestas presentadas por algunos grupos
parlamentarios para flexibilizar los controles de este
material.
El Gobierno debe controlar escrupulosamente el destino y uso
final de este material que se vende a África Subsahariana,
principalmente a Ghana, país al que España vendió 2.8 millones de
euros de munición de caza. España le ha vendido a este país 15
millones de euros de armas y munición de caza desde 2004. "Hay que
garantizar que este material no será desviado a países del entorno
con situación de conflicto o post conflicto en las que puede ser
utilizado indebidamente. La preocupación se hace más grave después
de que el Gobierno haya reconocido que parte de esta munición se
reexporta a Nigeria", lamenta Mabel González, portavoz de
Greenpeace.
Decálogo de indicadores
El estudio de las ONG incluye un decálogo de propuestas cuyo
cumplimiento servirá de indicador de la voluntad del Gobierno de
avanzar en materia de transparencia y control del comercio de armas
español.
"El decálogo propuesto incluye, entre otras medidas, que el
Gobierno explique cómo aplica los criterios existentes para
autorizar o denegar una exportación de armas, informe al Congreso
sobre el tipo de productos y usuarios de las armas exportadas y dé
garantías de que no hay riesgo de desvío o reexportación de las
armas de caza y tiro deportivo y sus municiones a terceros países",
señala Jordi Armadáns, portavoz de la Fundació per la Pau. El
decálogo también solicita la suspensión preventiva de exportaciones
de armas a los países donde haya un conflicto armado o pueda
utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos o del
Derecho Internacional Humanitario, aunque estuviesen autorizadas
anteriormente. Por último, anima al Gobierno a desempeñar un papel
activo y destacado en el proceso de elaboración de un Tratado sobre
Comercio de Armas (TCA) y a continuar su política actual para
eliminar las bombas de racimo.
Nota para editores
El 10 de junio la Secretaria de Estado de Comercio presentó en
el Congreso de los Diputados las estadísticas oficiales de
exportaciones de armas de 2008. Desde que entró en vigor la Ley
53/2007 el Gobierno debe comparecer una vez al año ante la Comisión
de Defensa del Congreso para explicar las exportaciones de material
de defensa, doble uso y "otro material".
En virtud de la ley, la Comisión de Defensa debe elaborar y
adoptar un dictamen con recomendaciones al Gobierno en relación al
control y la transparencia de la información relativa a las
transferencias de armas en el exterior. A finales de junio, los
distintos grupos parlamentarios presentaron ya las propuestas de
resolución que deberán ser debatidas a partir de este mes de
septiembre.
A partir del 5 octubre, la Asamblea General de la ONU inicia los
debates sobre una resolución cuyo fin es que en 2010 se convoque
una Conferencia de Estados para redactar un Tratado sobre el
Comercio de Armas.