Comunicado de prensa - junio 15, 2009
El Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid ha juzgado esta mañana a 31 activistas de Greenpeace que protestaron por la fabricación en España de bombas de racimo. El Ministerio Fiscal ha solicitado una multa de 140 euros para cada uno de los denunciados por entender que habían interrumpido el trabajo en las oficinas de EXPAL, empresa que fabricaba en ese momento las bombas de racimo que han sido prohibidas por el Gobierno español. La sentencia se dictará en los próximas días.
Madrid, España — Activistas de Greenpeace han accedido a las instalaciones de la empresa armamentística Expal para denunciar que esta empresa fabrica bombas de racimo y reclamar su prohibición total.
Los activistas entraron en la empresa con el objetivo de
informar del tipo de armamento que se estaba construyendo allí y
los efectos sobre la población civil. Los activistas informaron de
que estas bombas actúan de forma indiscriminada, no distinguen
entre blancos civiles y militares y, por sus altas tasas de error,
siguen causando muertos y heridos mucho tiempo después de que acabe
un conflicto. Afectan sobre todo a la población civil, que son el
98% de sus víctimas. En especial los niños, que son atraídos por
sus colores y formas llamativas.
La protesta por la que han sido juzgados formaba parte de la
campaña que Greenpeace desarrolló contra las bombas de racimo. La
organización ecologista documentó las actividades de las empresas
que producían estas bombas en España, y lo hizo público a través de
protestas como la que ha llevado a juicio a estos activistas.
Tras esta campaña se consiguió la prohibición total en nuestro
país de este tipo de armamento. España fue uno de los primeros
países en ratificar el Tratado de Prohibición de las bombas de
racimo, el pasado 18 de marzo, en el pleno del Congreso de los
Diputados y se ha convertido en uno de los primeros en incorporar
la norma a su ordenamiento legal.