Litoral de Granadilla, Tenerife
Las cuatro organizaciones ecologistas instan a la ministra Elena
Espinosa a no ignorar por más tiempo las graves irregularidades
que se derivan del trámite ambiental del puerto de Granadilla y a
anular con carácter inmediato la declaración de impacto ambiental
del proyecto, aprobada en febrero de 2003. Además, reclaman a la
ministra que se pronuncie sobre su solicitud de protección de los
sebadales, avalada por toda la comunidad científica canaria.
Asimismo, los grupos ecologistas piden al Gobierno de Canarias
que restaure inmediatamente la protección de los sebadales de la
zona y desestime de manera definitiva el proyecto por sus graves
consecuencias sobre el ecosistema marino, la Red Natura 2000 y
muchas especies amenazadas, y que apueste por el desarrollo
sostenible del archipiélago.
Los grupos denuncian la posición de sectores empresariales y
políticos canarios, en un frente común, exigiendo el reinicio de
las obras del puerto y presionando sobre el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias. Un hecho calificado como inaceptable por las
organizaciones, tras su decisión de paralizar cautelarmente las
obras.
Esta paralización cautelar fue solicitada por el grupo
ecologista Ben Magec, tras la Orden del Gobierno de Canarias que
pretendía descatalogar parcialmente las praderas submarinas de la
costa de Granadilla de Abona. La pretendida descatalogación de este
importante ecosistema marino, exclusivamente en el área que impide
la construcción de una infraestructura, es un hecho ilegal que
vulnera las leyes de protección de la naturaleza españolas y
comunitarias.
La argumentación esgrimida en los últimos días por parte del
Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias sobre la
incorrecta inclusión de estos sebadales (nombre local de estas
praderas submarinas) en el Catálogo Canario de Especies Amenazadas
contrasta con la posición de los científicos canarios. Estos han
exigido la declaración de los sebadales de Canarias como "hábitat
en peligro de desaparición", lo que debería empujar al Ministerio
de Medio Ambiente a actuar de forma contundente en defensa de este
importante ecosistema..
La posición del Gobierno de Canarias es contradictoria también
con la reciente decisión de la Comisión Europea de expedientar a
España por la no designación de un número suficiente de espacios
naturales protegidos en Canarias dentro de la Red Natura 2000 y por
no haber tomado suficientes medidas de conservación. El Ministerio
debe dar respuesta a este expediente y tener voluntad política para
asegurar la protección adecuada de los ecosistemas marinos
canarios.
Las obras del Puerto afectarían a otras especies amenazadas y
espacios de la Red Natura 2000, como la tortuga boba, la piña de
mar y la Reserva Natural de Montaña Roja, cuya dinámica litoral se
vería afectada de manera muy grave por el puerto.
Los grupos ecologistas siempre han apostado por la ampliación
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife como una alternativa más
sostenible, desde el punto de vista ambiental y económico al Puerto
de Granadilla. Una opción que ha sido avalada por numerosos
expertos de la autoridad portuaria de Tenerife. En la situación
actual de crisis económica, donde se ha producido una reducción del
tráfico marítimo del 2% en 2008, esta alternativa tiene aún más
sentido.
Por otro lado, el proyecto ha cambiado de forma sustancial para
incluir medidas totalmente experimentales que no fueron valoradas
en su momento por la declaración de impacto ambiental (DIA), como
un trasvase de arena. Además, se ha tramitado de manera irregular,
licitando el proyecto y la obra conjuntamente.
Finalmente, las cuatro organizaciones quieren expresar su apoyo
a la manifestación del próximo sábado, día 14 de marzo, a las
12.00 horas en Tenerife, convocada por la comunidad científica,
bajo el lema: "Por la protección de las especies, por el
cumplimiento de la Ley y contra el Puerto de Granadilla".