Ha hecho falta interponer recursos legales, denunciarlo públicamente. Pero, al fin, con dos años de retraso, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha anunciado que ya se va a crear el Comité Asesor para la información y participación pública sobre seguridad nuclear que establece la Ley 33/2007 de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Ministerio de Industria y el CSN deberían haber puesto en marcha hace más de dos años el citado Comité Asesor y, por tanto, han estado vulnerando de forma clara la Ley 33/2007. Ésta, en su Disposición final primera, establece que el Gobierno, en un plazo máximo de nueve meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley (el 8 de noviembre de 2007), aprobaría la modificación del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, el 8 de agosto de 2008.

La aprobación de este nuevo Estatuto automáticamente activaría el funcionamiento del Consejo Asesor, pero éste no se ha aprobado hasta el 5 de noviembre de 2010.

Teniendo en cuenta que la función del Comité Asesor es emitir recomendaciones al Consejo de Seguridad, al no haberse constituido el mismo y por ende, no poderse hacer esas recomendaciones, los acuerdos del CSN están adoptándose al margen de la participación de la sociedad, e incumpliendo lo previsto en la citada Ley 33/2007 de seguridad nuclear.

Todo ello conlleva que las decisiones y acuerdos del CSN se estén adoptando sin conocer las recomendaciones del Comité Asesor, cuando no cabe duda de que esas recomendaciones deben servir para conformar el contenido de las mismas.

Habiendo tenido congelada durante das de dos años la creación del Comité Asesor, el Ministro de Industria y la Presidenta del CSN han impedido de facto que los grupos ecologistas conocieran de primera mano información relevante sobre los problemas de seguridad de Garoña y sobre el escape radiactivo de Ascó-1, por poner algunos ejemplos significativos.

Con respecto a Garoña, la actuación poco transparente del CSN ha impedido conocer por qué este organismo emitió el 5 de junio de 2009, envuelto en un gran secretismo, su dictamen favorable a la continuidad de la central nuclear, a pesar de que ésta había incumplido varios de los requisitos que el propio CSN previamente les había exigido para prorrogarle la licencia: la substitución del cableado eléctrico y solventar los reiterados problemas de la ventilación de emergencia de la contención.

Por otro lado, el CSN aún debe decir la verdad sobre el accidente en la central Ascó-1, que se mantuvo oculto a la opinión pública hasta que Greenpeace lo desveló el 5 de abril de 2008, tras recibir la información por parte de los trabajadores. La cantidad total de radiactividad emitida en este accidente, entre otras cuestiones, aún no ha sido dada a conocer por el CSN. Su Presidenta, Carmen Martínez Ten, debe explicar además por qué el CSN no actuó inmediatamente cuando la Red de Vigilancia Radiactiva Ambiental (REVIRA), que el CSN gestiona en Cataluña conjuntamente con la Generalitat, detectó de forma clara el escape radiactivo de Ascó-1. Las sondas de detección de la REVIRA del CSN y la Generalitat detectaron con total claridad la fuga, incluso en sondas separadas decenas de kilómetros entre sí.

La Ley 33/2007 en su artículo 15, establece la creación de este Comité Asesor, cuya misión será emitir recomendaciones al CSN para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública en las materias que son de su competencia. La propia Ley 33/2007 establece que este Consejo Asesor es un mecanismo de participación de gran relevancia. Entre los miembros del Comité Asesor debe haber un representante a propuesta de cada una de las dos organizaciones ecologistas de mayor implantación en el Estado. Hace unos días, la Presidenta del CSN envió una carta a Greenpeace pidiendo que designáramos nuestro representante a este Consejo Asesor. Ya lo hemos hecho.

Esperemos, que una vez que empiece a funcionar este Consejo Asesor, el CSN permita que éste sirva para que, por fin, la transparencia haga acto de presencia en las actuaciones de este Organismo.

Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace España.